A pesar de que Marco Sifuentes vive en Madrid, no deja de recibir toda clase de retaliaciones por su ejercicio periodístico, provenientes de su natal Perú.
El director de La Encerrona, un noticiero digital que nació en pandemia y que destapó el escándalo de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte, afirma durante sus 25 años de carrera, ha vivido todo tipo de atropellos por hacer su labor, pero recientemente se han agudizado.
En entrevista con la Voz de América, el periodista contó, por ejemplo, que el alcalde de Lima ha difamado y amenazado a él y a otros periodistas, a través de la red X. Además, resaltó la existencia de campañas digitales en redes que buscan desacreditar a la prensa.
También comentó que, tras alertar junto a otros medios, sobre los antecedentes que pesan contra el actual ministro del Interior, Juan José Santivañez, llegó a su poder un audio en el que se le escuchaba a esa autoridad pedir que lo controlen, así que lo difundió.
“Nosotros publicamos un audio de una persona que era el ministro del Interior, en ese momento, y lo sigue siendo. Estamos en diciembre y no le pasó nada. Era un audio que luego se supo que le dirigía a un policía en actividad”, dijo.
Además, Sifuentes sintió las consecuencias de publicar detalles de los relojes y las joyas de la presidenta. Incluso, hace poco, contó a la VOA que un asistente a una charla que dio en Lima, se hizo pasar como un seguidor. Tras pedirle una foto, lo empujó y le tiró una palmada hacia el cuello: “No podría decir si es una persona que ha tomado esta iniciativa o si alguien le ha pagado”.
Para Sifuentes, su país sufre una “degradación constante (de la libertad de prensa) que no tiene nadie que la detenga”.
Precisamente, tras un análisis de los resultados del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2024, los analistas alertaron de cómo la libertad de expresión en la región vive un retroceso, pero además enfatizaron en el caso peruano, país que se ubica en la sección de países con ‘alta restricción’ y sufrió un descenso de cuatro posiciones con relación al período previo.
Una región “a la baja”
Las libertades de expresión y de prensa sufren una restricción generalizada en las Américas, según resultados del Índice. El promedio de las 22 naciones analizadas en la quinta edición entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 agosto de 2024 se halla por debajo del rango medio en la clasificación (4,18), lo cual representa “un descenso por segundo año consecutivo”.
Este índice, que llega a su quinta edición y se obtiene a partir de consultas a 168 personas, entre periodistas, editores, expertos académicos y activistas, evalúa tres dimensiones.
La primera Relacionada con la ciudadanía que se informa bien y es libre de expresarse. La segunda, sobre violencia e impunidad contra periodistas y medios, que analiza mecanismos de protección para periodistas y medios, y, por último, el control de medios y periodismo, que evalúa las presiones directas e indirectas contra medios.
“El índice global ha venido descendiendo y se va a la baja”, dijo el periodista investigador del Centro de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, León Hernández, quien además es coordinador del Índice, durante un webinar donde precisamente se analizaron los resultados de esta investigación de este año.
Teniendo en cuenta estos criterios, la investigación divide a las naciones en cuatro franjas. ‘Baja restricción’, ‘en restricción’, ‘alta restricción’ y ‘sin libertad de expresión’. Este año, ningún país permaneció en la franja denominada ‘Con libertad de prensa’, ocupada solo por República Dominicana el año pasado.
La franja de ‘baja restricción’ del Índice 2024 está integrada por Chile, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá.
El grupo de países en donde las libertades de expresión y de prensa se encuentran ‘en restricción’ lo forman Paraguay, Costa Rica, Argentina – estos aún sobre el promedio global de la región-, Ecuador, México y Colombia, este último llegando al límite de la siguiente franja.
Perú, un “deterioro constante”
Los países con ‘alta restricción’ son Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador, lo que equivale al 23 % de la representación total del Índice. Se destacó el descenso de Perú en cuatro posiciones con relación al período previo, convirtiéndose en el nuevo integrante de este grupo.
Luisa García Tellez, periodista peruana especializada en la investigación de abusos financieros, afirmó que su país ha vivido un deterioro constante en temas de libertad de prensa y expresión. Desde la primera edición del índice, en 2021, a este año, ha bajado alrededor de 34 puntos.
“Es una bajada bastante significativa done el entorno ejecutivo y el legislativo son los que han agudizado su influencia negativa”.
Según la analista, el deterioro además coincide con el gobierno de Pedro Castillo y luego la sucesión de la presidenta Dina Boluarte, seguido por los asesinados en las manifestaciones de 2022 y 2023 contra la presidenta.
“Al país lo ha dejado en una sensación de impunidad muy fuerte”, a lo que se le suma las agresión contra la prensa en estos contextos, explicó la experta durante el webinar.
García Tellez también se refirió al ‘Rólexgate’, el caso contra Dina Boluarte por posesión de relojes y joyas, el cual, según su criterio, “generó un nuevo ambiente muy fuerte de inestabilidad política”. y ha generado, incluso “un clima de hostilidad, de persecución” de funcionarios públicos, como los ministros, contra la prensa.
Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en rojo
Las ubicaciones más críticas del índice continúan siendo para Venezuela, Cuba y Nicaragua, que repitieron este año en la franja ‘sin libertad de expresión’. Venezuela muestra una caída de 6,23 puntos, la mayor diferencia de los resultados entre los tres países de este grupo.
León Hernández explicó que “posiblemente cuando hay deterioros muy avanzados, hay una estabilización de ese deterioro”, refiriéndose a Cuba. Pero, en el caso venezolano y nicaragüense “hubo eventos o incidencias durante el año de la medición… que generan un patrón o una percepción de agudización de la gravedad mucho más fuerte”, lo que explica que estén en las últimas posiciones.
Una periodista venezolana, que habló en condición de anonimato a la VOA, afirmó que “la situación es más compleja”, tras las elecciones del 28 de julio, pero también con la aprobación de dos leyes importantes, que es la ley anti sociedad, que persigue a las ONGs y cualquier agrupación de la la sociedad civil, y Ley Simón Bolívar, que apunta contra quienes promuevan las sanciones económicas extranjeras, acciones “armadas” y ataques cibernéticos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“La situación es muy compleja en este momento y creemos que se va a empeorar luego del 10 de enero, cuando finalmente juramente Nicolás Maduro”, y afirmó que todos los periodistas sufren “censuras y amenazas”, pero sobre todo “vigilancia” sobre sus actuaciones. “Eso nos ha llevado y sé que varios colegas también, a que no firmamos algunas notas y para evitar que vayan en todo caso contra nosotros”, añadió.
Otro de los hallazgos que llamó la atención de los analistas es que cómo, en Venezuela, no solo los periodistas sino la ciudadanía como tal tiene miedo de expresarse. Sobe todo e el entorno electoral y postelectoral.
Esta situación “refleja el clima de intimidación que se ve hoy no solo contra los periodistas sino los propios ciudadanos. mucha gente ha dejado de estar en WhatsApp, cómo se ha retirado de listas de distribución… Estamos hablando de la dimensión más baja… incluso entre los países donde no hay libertades, lo que es una señal bastante alarmante”, dijo Andrés Cañizález, periodista y doctor en Ciencia Política, y director de Medianálisis, organización dedicada a la promoción del periodismo independiente, durante el webinar de la SIP.
Para la periodista, “la gente habla bajito… se limita a escribir por chat o poner estados en el WhatsApp, en Twitter o una tendencia bastante llamativa es que muchos perfiles de Twitter ahora son como anónimos”.
Contextos difíciles
Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que hay motivos en toda América Latina para ver un deterioro de la democracia y es que el “debilitamiento del sistema político tiene un estrecho vínculo con los ataques que hay en contra de la libertad de expresión y de prensa”.
Y resaltó que “el deterioro general que vive el periodismo ha ido cambiando… hay años de más asesinatos contra periodistas. Hay años de cierres de medios… pero aparecen nuevas formas de persecución.
Por ejemplo, los juicios contra periodistas”, como el caso del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, conocido por haber destapado casos de corrupción durante décadas y condenado a seis años de prisión en un primer caso por acusaciones de la fiscalía por lavado de dinero.
Uno de los puntos a evaluar, por primera vez en este índice, dentro de la dimensión de ‘Ciudadanía Informada y libre de expresarse’ fue la actuación del estado contra la desinformación. El resultado fue “bastante desfavorable”, señaló Hernández, pues en vez de que los poderes del estado actúen para contrarrestar esta situación, se manipula, obteniendo El Salvador el peor puntaje.
Los expertos también enfatizaron en cómo la mayoría de países aún no brindan protección alguna a los periodistas para ejercer su profesión y, además, la gran cantidad de aquellos que han tenido que migrar y huir de su país por ejercer su trabajo.
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