En Argentina, un juez federal ordenó la detención de una gobernadora provincial y de su esposo, bajo sospechas de corrupción y abuso de poder.
La orden de arresto emitida hoy deriva de acusaciones según las cuales la gobernadora Mercedes Aragonés, de Santiago del Estero, recibió pagos de pensión, ilegalmente.
Ella y su esposo, Carlos Juarez, también son acusados de estar involucrados en el ataque que una turba llevó a cabo contra la casa de un miembro del parlamento, en el 2002.
Anteriormente, el senado argentino aprobó por unanimidad colocar a la provincia Santiago del Estero bajo control de un observador federal por los próximos 180 días.
Juárez, el esposo de la gobernadora, forma parte de una dinastia política que ha controlado Santiago del Estero durante varias décadas.