Desde inicios de año, organizaciones que reúnen al gremio de trabajadores de la prensa y defienden la libertad de expresión, han condenado una “campaña de descrédito” y “hostigamiento” en Venezuela contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al Gobierno de Nicolás Maduro.
A principios de enero, sin presentar pruebas, Esteban Trapiello, un empresario asociado con el chavismo, inició por Twitter la publicación de fotografías de dirigentes políticos y de reconocidos periodistas independientes a los que acusó de “ladrones” por supuestamente guardar relación con el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por decenas de países.
“Te reto a que presentes UNA sola prueba de que yo recibo plata de sectores políticos, fuentes, gobiernos interinos o de facto. Te estaré esperando por acá. Te mando una foto de mi carro, te lo pongo al lado del tuyo, a ver de cual lado está la prosperidad en esta Venezuela”, le replicó Alonso Moleiro, uno de los periodistas señalados.
El miércoles de la semana pasada, en su programa de televisión transmitido por el canal del Estado, el parlamentario chavista Diosdado Cabello expuso carteles con fotografías de varios periodistas con un montaje de prontuario policial en los que se leía “se busca”.
“Y salió el gafo del Sindicato Nacional de Periodistas a condenar a Trapiello (…) se buscan por ladrones todos”, dijo a medida que pasaba páginas, mostraba las imágenes y leía los nombres.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), alertó a los organismos internacionales y los exhortó a “hacer seguimiento” a la campaña de descredito contra los comunicadores, “así como de sus posibles consecuencias”.
“Se trata de una acción que busca inhibir el debate y generar miedo”, reaccionó en Twitter, y agregó que los señalamientos “sin fundamento” podrían constituir “instigación al odio y ser una amenaza de judicialización y persecución política”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa, aseguró que la exposición de comunicadores “ha desencadenado persecución discursiva y judicial contra periodistas y medios de comunicación en reiteradas ocasiones”.
Para Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas, la campaña busca criminalizar a los periodistas y recordó que el año pasado cerró con más de 250 agresiones a periodistas y medios de comunicación, entre ellas detenciones arbitrarias y decomiso de equipos.
“Estamos hablando ahora de una nueva forma porque es una nueva forma tratar de liquidar moralmente a un periodista cuando se le cuestiona o se le acusa sin prueba alguna en este caso de ladrones y utilizando los medios de comunicación del Estado”, dijo a la Voz de América.
El lunes, el Parlamento de 2015 emitió un comunicado en el que alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones del Gobierno de Maduro de “arremeter” contra Juan Guaidó por su “lucha sin tregua para restablecer” la democracia en Venezuela.
A propósito del Examen Periódico Universal de Venezuela que se lleva a cabo hoy, las organizaciones Espacio Público, CIVICUS y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), instan a los Estados a formular recomendaciones a las autoridades venezolanas, entre ellas la revisión y modificación de leyes a fin de eliminar “las restricciones injustificadas a la sociedad civil y a la prensa”.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso que en los últimos años el Gobierno de Maduro ha tratado de imponer “una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios”.
Bachelet se refirió al aumento de detenciones de periodistas y resaltó que la situación ha “continuado empeorando”.
En varias ocasiones diversos funcionarios del Gobierno de Venezuela, entre ellos el canciller Félix Plasencia, han afirmado que en el país existe una “amplia libertad de expresión”.
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