La organización internacional de lucha por los derechos humanos, Amnistía Internacional advirtió al gobierno de Venezuela que “no debe cometer abusos contra los derechos humanos en su intento de sofocar motines violentos en las cárceles”, en referencia a la muerte de 19 presos en un enfrentamiento entre reclusos armados y tropas de la Guardia Nacional.
“Las autoridades tienen el deber de mantener el control de sus cárceles y de garantizar que no se pone en peligro a los presos”, señala un comunicado de AI en su página web.
Grupos de presos armados de la cárcel El Rodeo II, en Guatire, a 40 kilómetros de la capital del país, Caracas, mantuvieron un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad venezolanas que se prolongó durante varios días.
“Un nuevo estallido de violencia en un centro penitenciario venezolano señala las terribles condiciones de reclusión que persisten en el país desde hace muchos años e indica que las autoridades no han hecho nada para abordar de manera adecuada la situación”, afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las autoridades venezolanas deben abrir de inmediato una investigación independiente sobre los fallos cometidos en El Rodeo, que establezca responsabilidades por el elevado nivel de armas en el interior de la cárcel, y garantizar que incidentes semejantes no se repiten en el futuro”, añadió la directora.
Las fuerzas policiales todavía no han conseguido tomar el control absoluto del penitenciario El Rodeo II, pese a la participación de 4.000 oficiales.
Amnistía denuncia que en el reordenamiento y reenvío de presos a otras cárceles sigue sin darse a conocer el paradero de algunos de los reos de estas prisiones. Motivo que se suma al llamamiento que realiza la organización para que se reforme con urgencia el sistema penitenciario y evitar que los presos vivan en condiciones deplorables.
“El hacinamiento crónico, las demoras extremas en la administración de justicia, la falta de acceso a atención médica adecuada y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros penitenciarios son obstáculos que es preciso superar”, indica el comunicado.
Esto ha conducido a numerosos atropellos de los derechos humanos en el interior de las cárceles.
