Una corte federal de apelaciones bloqueó este jueves otras dos secciones de la dura y polémica ley de Alabama que penaliza la inmigración ilegal, en espera de otras acciones legales que buscan anular por entero la legislación.
La Oncena Corte de Apelaciones de Atlanta emitió una orden que frena temporalmente una parte de la ley que penaliza los contratos con los inmigrantes ilegales, y otra que define como un delito mayor que un indocumentado haga cualquier tipo de negocio con autoridades estatales.
La legislación adoptada el año pasado en Alabama, y que se inspiró en otra muy polémica aprobada en Arizona, ha sido cuestionada tanto por el gobierno federal como por grupos de activistas pro inmigrantes.
El Departamento de Justicia argumentó la semana pasada que las dos cláusulas mencionadas violan la Constitución de EE.UU. y reiteró que ningún estado puede hacer cumplir las leyes de inmigración porque sólo les competen a las autoridades federales.
Un panel de tres jueces de la corte de Atlanta escuchó los alegatos y determinó que no emitirá fallo sobre el caso en su conjunto hasta que la Corte Suprema del país decida sobre una demanda puesta por el gobierno a la Ley de Arizona.
Abogados que llevan el caso en Alabama habían pedido que la corte al menos frenara temporalmente las dos secciones de la ley bajo la consideración de que estaban causando perjuicios a personas en el estado.
El fiscal general de Alabama, Luther Strange, dijo estar en total desacuerdo con la decisión de la corte de apelaciones, y señaló que seguirá defendiendo la ley.
En octubre pasado, la corte de Atlanta había bloqueado provisionalmente otras partes de la legislación, incluida una que obligaba a las escuelas a revisar el estatus inmigratorio de sus estudiantes.
