La cancillería peruana está trabajando arduamente para que puedan regresar a sus respectivas legaciones sus embajadores en México, Argentina, Bolivia y Colombia, que fueron llamados a consulta a mediados de diciembre al considerar que los gobiernos de esos países se estaban entrometiendo en “asuntos internos” tras las declaraciones de sus mandatarios sobre la situación del expresidente Pedro Castillo.
A inicios de diciembre, Castillo intentó sin éxito cerrar el Congreso e instalar un “gobierno de excepción”, por lo que está siendo investigado ahora por los delitos de conspiración y rebelión, mientras permanece preso y su familia asilada en México.
“Algunos presidentes de la región, creo que, de manera errónea, han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo”, dijo Boluarte en un encuentro con la prensa extranjera. “Tengo entendido que el presidente [Gustavo] Petro fue desaforado de su cargo como alcalde y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue restituido, pero ese caso no es similar al del expresidente Pedro Castillo”, afirmó.
“En el caso de Castillo hubo un quiebre constitucional, hubo un resquebrajamiento del orden constitucional al haber querido y pretendido dar un golpe de Estado y el Perú es un país democrático”, añadió. “A través de la cancillería estamos trabajando arduamente para poder restituir, que nuestros embajadores pedidos en consulta puedan regresar a sus respectivas embajadas, porque es importante seguir trabajando con todos los países de la región y seguir interconectando con nuestra región, cada país cuenta”, dijo.
En un comunicado conjunto, México, Argentina, Bolivia y Colombia afirmaron que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde que asumió el poder en julio del año pasado y pidieron “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
No habrá impunidad
Tras la caída de Castillo -y durante varios días- miles de peruanos se volcaron a las calles a protestar, en algunos casos violentamente, exigiendo el cierre del Congreso y la liberación del expresidente, quien ha asegurado que es víctima de una “venganza política”. La represión de las fuerzas del orden ante las protestas dejaron casi una treintena de muertos y decenas de heridos, la mayoría en la zona sur del país.
La presidenta Boluarte aseguró que “No va a quedar nada impune, se va a investigar y se va esclarecer la verdad (…) Nosotros no generamos la violencia, cuando asumimos en el cargo dijimos que seríamos un Gobierno dialogante porque venimos de atrás con una polarización tremenda”.
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Además, la presidenta consideró que Castillo fue mal asesorado y aseguró que ella “no movió una sola pestaña” para que éste fuera preso.
“Creo que a mis hermanos del Perú profundo no se les ha dicho la verdad, sobre todo a aquellos que están liderando estas movilizaciones violentas. Lo que les han dicho a mis hermanos y hermanas de Puno, Arequipa, Apurímac, Cusco y seguro de otras regiones es que Dina Boluarte ha dado un golpe a Pedro Castillo, eso no es cierto”, señaló.
Las protestas han amainado en estos días por las fiestas de fin de año, pero la propia presidenta Boluarte afirmó ante los corresponsales que su gobierno tiene información de que se están preparando nuevas manifestaciones a partir de la próxima semana.
Castillo habla
Por su parte Castillo, durante una audiencia judicial para pedir que se revoque la prisión preventiva de 18 meses en su contra, aseguró: “Jamás he cometido un delito de rebelión, no me he levantado en armas ni tampoco he llamado a armas a nadie; pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, obteniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 300 heridos señor juez”.
“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quién ha conspirado es el Congreso de la república y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, añadió.
Castillo calificó de injusta su detención y aseguró estar “incomunicado” y sin “acceso a un número telefónico para llamar a mis padres y a mi familia”.
En tanto, una subcomisión del Congreso dio el primer paso para que Castillo sea acusado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, basándose en las investigaciones del Ministerio Público.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia presentada por la Fiscalía, por lo que este informe será elevado ahora a la Comisión Permanente del Parlamento para que lo ratifique y pase al pleno. Si es aprobado el Ministerio Público continuará con el proceso contra Castillo.
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