El Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, expresó preocupación por el uso “desproporcionado” de la fuerza y la violencia durante las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela e instó a las autoridades liberar a todos los arrestadas arbitrariamente, antes y después de los comicios.
Türk saludó que las autoridades venezolanas hayan iniciado la excarcelación de más de un centenar de detenidos, entre ellos menores de edad, y los instó a revisar los casos de quienes aún se mantienen en prisión, de acuerdo con las garantías de debido proceso y otros estándares internacionales.
Tras ello, el gobierno de Venezuela repudió las declaraciones, que las consideró carentes de "sustento y objetividad", y aseguró que evidencian su subordinación a intereses de EEUU formando parte de una supuesta "agresión política contra nuestra patria".
“El comportamiento errático y selectivo de la OACNUDH descalifica completamente cualquier pretensión de imparcialidad. Le recordamos a su titular y al sistema que representa que Venezuela no aceptará intentos de tutela ni injerencias coloniales disfrazadas de preocupaciones por los derechos humanos”, precisó un comunicado de la cancillería.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció el jueves que esta semana se produjeron 103 excarcelaciones, que se suman a las 225 medidas cautelares otorgadas en noviembre, luego de que el mandatario pidió a los órganos de justicia revisar las causas relacionadas con los hechos violentos ocurridos en el contexto postelectoral.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de los comicios, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.
Al presentar este viernes su actualización sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela en un diálogo interactivo en el Consejo de DDHH de la ONU, el ACNUDH llamó además a que se produzca una investigación “rápida y efectiva” sobre las muertes y que se garantice un juicio justo para los detenidos, lo que incluye la posibilidad de que designen un abogados de su elección.
Türk, reiteró que en las últimas semanas su oficina reanudó “parcialmente” sus actividades en Venezuela, y dijo esperar que se pueda lograr su “presencia plena”.
El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, respondió que en su país hay una “vibrante democracia”, y que la intervención de Türk, justo en momentos en los que se están dando los primeros pasos para reactivar la cooperación con su oficina, “en nada contribuyen” con el proceso.
“Comprometen la objetividad y la imparcialidad, la independencia de los trabajos de su oficina”, insistió al rechazar los mandatos que, según dijo, buscan presionar políticamente para lograr un cambio de gobierno.
El gobierno venezolano decidió suspender las actividades de la oficina del ACNUDH en febrero de este año, luego de acusarla de un “ente parcial”, tras afirmar que la detención de la abogada experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, podría calificar, en ese entonces, como una desaparición forzada.
En abril, durante su cuarta visita a Venezuela, el gobierno se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, a permitir el regreso de la oficina.
El ACNUDH reiteró la urgencia de que se den negociaciones políticas entre los distintos actores políticos venezolanos para acordar un camino viable, a propósito de la toma de posesión del presidente electo de Venezuela el próximo 10 de enero y de las elecciones regionales, municipales y legislativas programadas para 2025.
“Legislación restrictiva”
Türk insistió este viernes en que el espacio cívico en Venezuela se encuentra restringido y afirmó que legislaciones aprobadas este año por el Parlamento de mayoría oficialista, entre ellas la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización, Actuación y Financiamiento de ONG, amenazan con “infringir gravemente” el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política.
La Ley Simón Bolívar contempla prisión de 25 a 30 años, multas millonarias, así como inhabilitación para ejercer cargos públicos contra opositores que apoyen sanciones extranjeras, contra Venezuela, así como cualquier acción contra el país, sus autoridades e instituciones.
Para el representante de Venezuela las leyes refuerzan el resguardo de la soberanía y el deber de los venezolanos de defender su patria.
El ACNUDH reconoció que las sanciones sectoriales tienen un “impacto desproporcionado” en los más vulnerables y subrayó que los venezolanos enfrentan “serios” obstáculos para acceder a alimentos, educación y atención médica, entre otros, así como a salarios dignos.
Distintas organizaciones locales e instancias internacionales han expresado preocupación por una escalada en las violaciones a los DDHH en Venezuela en años recientes, pero especialmente tras las recientes elecciones presidenciales.
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