La Alianza Parlamentaria por la Democracia de América (APDA) ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y al Grupo Especial de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de la ONU se pronuncien en el caso de la detención de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni y exijan su libertad inmediata.
Para ello han pedido a ambos organismos que convoquen a audiencias extraordinarias para tratar el caso considerado “uno de los atentados contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad más graves en la historia moderna de América Latina”.
La jueza Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos bancarios. Este acto hizo que el propio Hugo Chávez ordenara la captura de Afiuni, quien fue recluida en un centro penitenciario de mujeres y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Desde su domicilio la jueza no puede comunicarse con la prensa, pero lo hace a través de su cuenta de Twitter en la que se autodefine como "una jueza secuestrada por Hugo Chávez".
Este caso tomó un nuevo giro contra el gobierno venezolano cuando se publicó un libro escrito por la jueza en el que detalla los abusos y la violación de la cual fue víctima durante su estadía en la cárcel. Incluso afirma haber quedado embarazada como fruto de la violación y que tuvo un aborto.
El gobierno venezolano niega estas declaraciones y asegura que esta historia es “una vil patraña”.
En la misiva los miembros de APDA integrada por diputados y senadores de nueve países de América Latina señalan que el trato cruel e inhumano dado por el gobierno venezolano a la jueza María Lourdes Afiuni, no solamente viola flagrantemente los Artículos 7, 8 y 9, de la Carta Democrática Interamericana, sino que vulnera la dignidad y la integridad de todos los pueblos de América.
“Semejante trato es de por sí monstruoso, aplicado a cualquier ser humano encarcelado; pero es aún más grave en el caso de una persona inocente, presa injustamente, como lo es la jueza Afiuni”, expresan en la petición.
Para ello han pedido a ambos organismos que convoquen a audiencias extraordinarias para tratar el caso considerado “uno de los atentados contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad más graves en la historia moderna de América Latina”.
La jueza Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos bancarios. Este acto hizo que el propio Hugo Chávez ordenara la captura de Afiuni, quien fue recluida en un centro penitenciario de mujeres y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria.
Desde su domicilio la jueza no puede comunicarse con la prensa, pero lo hace a través de su cuenta de Twitter en la que se autodefine como "una jueza secuestrada por Hugo Chávez".
Este caso tomó un nuevo giro contra el gobierno venezolano cuando se publicó un libro escrito por la jueza en el que detalla los abusos y la violación de la cual fue víctima durante su estadía en la cárcel. Incluso afirma haber quedado embarazada como fruto de la violación y que tuvo un aborto.
El gobierno venezolano niega estas declaraciones y asegura que esta historia es “una vil patraña”.
En la misiva los miembros de APDA integrada por diputados y senadores de nueve países de América Latina señalan que el trato cruel e inhumano dado por el gobierno venezolano a la jueza María Lourdes Afiuni, no solamente viola flagrantemente los Artículos 7, 8 y 9, de la Carta Democrática Interamericana, sino que vulnera la dignidad y la integridad de todos los pueblos de América.
“Semejante trato es de por sí monstruoso, aplicado a cualquier ser humano encarcelado; pero es aún más grave en el caso de una persona inocente, presa injustamente, como lo es la jueza Afiuni”, expresan en la petición.
