Desde hace meses Milagros Da Giau no descansa bien por la noche y se atraganta con más frecuencia al beber, mientras varias de sus articulaciones han comenzado a entumecerse.
Los padres de Milagros, la joven argentina de 16 años que padece parálisis cerebral, intentan ayudarla diariamente con un aparato especial para que mejore la postura y elongue los músculos, pero no tienen la pericia y ni la fuerza de sus kinesiólogos habituales, a los que ha dejado de ver.
“Hubo días que no durmió nada. Al no tener sus rutinas habituales no tiene actividad, no se cansa, eso le altera el sueño y tiene crisis epilépticas”, se lamentó su padre Francisco Da Giau durante una entrevista con The Associated Press en su vivienda en la ciudad de La Plata, unos 45 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Da Giau es una de los miles de menores argentinos con discapacidades o comorbilidades que no han sido vacunados contra el nuevo coronavirus desde que el plan de inmunización comenzó en diciembre y cuyo estado empeoró tras verse obligados a abandonar sus terapias y encerrarse en sus casas para evitar contagiarse.
Durante la conversación, Milagros, de grandes ojos oscuros y tierna mirada, estuvo sentada en su silla de ruedas, donde se pasa gran parte del día. La adolescente abandonó los tratamientos de fonoaudiología que recibía en un centro de rehabilitación, los cuales la ayudaban a deglutir adecuadamente, así como los de kinesiología y terapia ocupacional.
Eran terapias clave que conllevaban el contacto físico, lo que aumentaba el riesgo de contagio de parte de los terapeutas que, aún estando inmunizados, no están libres de infectarse y transmitir el virus.
Según Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, un “grupo importante” de menores se beneficiaría con la vacuna. “De todos los internados pediátricos en Argentina más de 80% tienen algún factor de riesgo”, como fibrosis quística, cáncer o diferentes discapacidades.
Para el especialista, el hecho de no haber recibido tratamiento por no estar vacunados “ha producido retrasos cognitivos y retrasos en la evolución, inclusive en aquellos pacientes con parálisis cerebral o con enfermedades neurológicas”.
Milagros pasa ahora gran parte del tiempo aferrada a la mano a su madre, Lorena Torbidoni, viendo videos musicales en la televisión, que se ha convertido en una gran compañía durante el aislamiento en su casa.
Alertados porque la salud de su hija y otros cientos de menores discapacitados empeora cada día, los Da Giau y otros padres se organizaron en la red VacunaMe que agrupa a unas 400 familias que le reclaman al gobierno del presidente Alberto Fernández y a las autoridades de las distintas provincias la vacuna Pfizer, la única recomendada para su aplicación en niños y adolescentes.
Argentina, cuyo plan de inmunización cubre en la actualidad a los mayores de 35 años con la vacuna rusa Sputnik V y las de los laboratorios AstraZeneca y Sinopharm, es uno de los pocos países de América donde Pfizer no se aplica luego de que las negociaciones con el laboratorio estadounidense se truncaron a fines de 2020. En países vecinos como Perú, Chile y Uruguay ha comenzado a aplicarse a jóvenes de entre 12 y 17 años.
Y mientras la inmunización sí ha cubierto a personas con comorbilidades, no tiene en cuenta a los menores de edad.
Da Giau, que es abogado, presentó un amparo ante la justicia federal para que el Estado resuelva de forma urgente el ingreso de vacunas del laboratorio estadounidense para jóvenes considerados de riesgo por sufrir asma, cardiopatías, diabetes y distintos tipos de cáncer. “Se está produciendo una violación a los derechos humanos” en Argentina, afirmó el padre de Milagros.
Tanto a él como a su esposa les aterra sacar a su hija de la casa y sostienen que, como otros chicos con problemas, Milagros no aguantaría un viaje en avión para trasladarse a otro país donde podría recibir el inmunizante.
Esta semana las madres de la red VacunaMe reclamaron en La Plata la llegada de la vacuna de Pfizer. Lo hicieron con sillas de ruedas vacías y las fotos de sus hijos para visibilizar que hace más de un año están desamparados.
El clamor llevó a involucrarse a los propios chicos.
Ramiro Merlo, de 15 años y quien padece fibrosis quística, publicó recientemente un video en su cuenta de Instagram que recibió un millón y medio de visitas y en el que reclama “al gobierno, a la justicia” que autoricen la importación de la vacuna de Pfizer para sentirse protegido y tener una vida parecida a la que compatriotas adultos están gozando desde que fueron vacunados.
“De chico me interné muchas veces y me mataron a pinchazos y siempre le tuve mucho miedo a las agujas. Me parece muy loco que yo y mucha gente tengamos que estar pidiendo una aguja. Me parece injusto, porque pudiendo tener una vida sana no la estamos teniendo por decisiones ajenas”, sostuvo el adolescente en una entrevista en su casa en las afueras de Buenos Aires.
Ramiro no ha salido de su domicilio durante toda la pandemia y es asistido por un neumólogo y un nutricionista “a través de una cámara”, lo que le supone mucho desgaste físico y emocional.
Carlos Merlo, padre de Ramiro, pidió que “los políticos no traben la solución del problema”. “Los chicos necesitan que respeten sus derechos”, sostuvo sobre los grandes ausentes del plan de vacunación nacional.
Los reclamos se han multiplicado en momentos en que el gobierno intenta destrabar el arribo de las vacunas con el laboratorio, una segunda ola ha disparado en el último mes los fallecimientos y la variante Delta asoma como una amenaza.
Diputados de la oposición pidieron en el Congreso el tratamiento de una iniciativa para comprar dosis de Pfizer con las cuales inmunizar a unos 100.000 menores que sufren diferentes problemas, pero el oficialismo no acompañó la propuesta.
Luego de que las críticas se dispararan, el viernes el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, dijo a la prensa que el gobierno estudia modificar el actual marco normativo “para avanzar” con la vacuna de Pfizer.
Pese a que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dio luz verde al inoculante en diciembre, su adquisición y distribución se trabaron a causa de una ley que ha generado una controversia con el laboratorio.
La norma aprobada a fines de 2020 establece un marco para la compra de vacunas por el cual ningún laboratorio tiene inmunidad legal ante reclamos civiles por efectos secundarios de las dosis o por “negligencia”. Ese último término, considerado impreciso y amplio por parte del laboratorio, no permitió llegar a un acuerdo, según funcionarios.
Mientras, en otros países vecinos avanza la inmunización de menores con Pfizer.
En Chile y Perú comenzó la vacunación de jóvenes de 12 a 17 años con enfermedades o discapacidades.
En Uruguay el Servicio Médico Integral comenzó la vacunación de menores de 18 años y ya se inscribieron unos 157.000 de un universo de 280.000.
En tanto, en México se autorizó el uso de la vacuna de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años pero aún no se ha iniciado su vacunación.
Hasta ahora en Argentina se han registrado 4,4 millones de casos de coronavirus y más de 94.700 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
De una población total de más de 45 millones de habitantes, sólo 4,2 millones -el equivalente al 9%- han recibido las dos dosis de las vacunas disponibles en el país, de acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud.
Los periodistas de AP Víctor Caivano, Eva Vergara, Guillermo Garat, Franklin Briceño y María Verza colaboraron en esta nota.
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