En medio de una crisis total en los centros públicos de salud de Bolivia a causa de la pandemia de coronavirus, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se comenzará a expropiar o intervenir clínicas privadas.
La medida, concebida para aliviar la demanda de camas para enfermos de COVID-19, se aplicará en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, los más azotados por el virus.
El objetivo según explicó el ministro Murillo es garantizar la atención de los pacientes que se ven impedidos de acceder a un servicio de salud público.
“Se van a empezar las negociaciones. Seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios de estas (clínicas), pero no se trata de quitarle nada a nadie. Si se expropia, será a un precio justo, necesitamos salvar vidas”, dijo Murillo.
Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), rechazó el anuncio en una entrevista con la Voz de América y pidió una mayor coordinación para enfrentar la pandemia.
“Nos sorprende este tipo de decisiones cuando no es necesario”, dijo Barbery. “Son medidas extremas, cuando a través del diálogo se puede llegar a un acuerdo y lo más importante es que el objetivo se va a conseguir que es atender de mejor manera y con mayor capacidad en esta pandemia”.
Esta posible expropiación o intervención también alcanzaría a los cementerios privados para garantizar el entierro o cremación de los fallecidos por COVID-19 ante la falta de espacios.
La semana pasada, la Cámara de Senadores sancionó una ley para que las clínicas privadas puedan atender de forma obligatoria a pacientes con COVID-19.
Estos serían transferidos del sistema público y el costo sería asumido por el estado boliviano.
Bolivia ha registrado 49.250 casos de coronavirus, con 1.866 muertes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.
