Tras conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el conflicto poselectoral de 2019, en Bolivia se plantea la posibilidad de una reforma judicial
Una de las del informe sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia indica que la justicia no es imparcial y en las últimas horas representantes políticos se pronunciaron sobre la necesidad de una profunda reforma judicial.
Julián Burger, uno de los representantes de esta comisión de expertos dijo a la Voz de América que se recomienda acelerar el proceso de reparación de justicia para las familias de las víctimas.
“Ahora es un año, casi dos años, hay que hacer algo rápidamente un proceso de reparación para los que han perdido sus familiares y que siga la investigación contra todos los responsables y dentro de nuestra investigación hay propuestas para ayudar al sistema de justicia del país”, señaló el representante.
Por otro lado, desde el partido oficialista se anunció la conformación de una comisión mixta para viabilizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por los hechos de violencia durante su gobierno.
Al respecto, el senador opositor de Creemos, Henry Montaño, aseguró que también se debería considerar el exmandatario Evo Morales…
“Vamos a exigir que la primera persona que deba ir a juicio de responsabilidades sea el expresidente Evo Morales que debe aclarar no solo las mueres ocurridas en 2019 sino la centena de muertes que hubo en su gestión y que hasta el momento no han sido esclarecidos”, afirmó el senador.
En este complejo escenario que vuelve a generar polarización en Bolivia, la politóloga Ericka Brockman dijo a la VOA que se debe “demandar de que de una vez por todas se garantice un proceso largo, imagino tedioso, pero serio de reforma judicial de todo el sistema judicial, incluyendo el ministerio Público que ha sido observado en todos los sentidos por este informe.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos, Liz Throssell, pidió que se considere este informe como una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial”.
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