Investigadores del Colegio de la Frontera Norte denuncian que bajo el esquema de “deportaciones exprés” -en un promedio de 96 minutos-, Estados Unidos ha enviado a México a unos 20.800 migrantes centroamericanos bajo el argumento de la seguridad sanitaria, lo que implica que algunas personas deportadas podrían estar contagiadas del coronavirus, ya que no se aplican filtros rigurosos.
A las dificultades que esos migrantes encontraban en su intento de llegar a EE.UU. en busca de mejores oportunidades, se suma ahora el riesgo que corren en su salud, estimó Oscar Misael Hernández, investigador especialista en temas migratorios del mencionado colegio. “El dicho de que ‘pasamos de guatemala a guatepeor’ lo expresa completamente”, dice.
El experto en migración señaló que no hay interés de las autoridades mexicanas en poner filtros de revisión sanitaria minuciosos “en los puentes internacionales o mucho antes en este caso en Estados Unidos (...) y no les está importando a quiénes pueden deportar. El asunto es deshacerse de lo que puede llamarse un problema migratorio o un problema sanitario”.
A esta situación, dijo, se suma al cierre de los albergues por parte de sus administradores, en un intento por evitar la propagación del coronavirus, lo que hace que muchos migrantes queden a la deriva, ya que si bien se han establecido casas temporales en hoteles, estas son insuficientes; además su situación jurídica es incierta. “Están varados, están en el limbo, las ciudades fronterizas en donde hoy en día se encuentran (...) son ciudades de la espera, de total incertidumbre”.
El especialista y otros dos investigadores, coordinaron un amplio equipo para elaborar el estudio titulado “Migrantes en el noreste de México y su vulnerabilidad ante el COVID-19”. El documento registra que los solicitantes de asilo en EE.UU. se han seguido sumando en la frontera norte mexicana, por lo que las ciudades de Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros y, más recientemente, Reynosa se han convertido en asentamientos “temporales” de este grupo migratorio.
El estudio apunta que los expulsados centroamericanos han sido abandonados a su suerte en la frontera norte de México y llevados a centros de detención del Instituto Nacional de Migración con capacidad física insuficiente para albergarlos; esto último provocó al menos dos motines en Piedras Negras como una reacción de supervivencia de los migrantes ante el riesgo de contraer COVID-19 dadas las condiciones de hacinamiento
También se señala que a finales de marzo de 2020, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas estimaron que había alrededor de 25.000 migrantes “estancados” en la región y ahora se advierte que con las “deportaciones exprés” y la pandemia del coronavirus la gravedad de la situación crece, ya que la espera transcurre en campamentos donde la gente vive hacinada sin medidas de prevención sanitaria.
Para esta población de migrantes que busca asilo, explica Misael Hernández, las condiciones de vulnerabilidad se han incrementado con la pandemia no solo por el riesgo sanitario sino también porque las políticas migratorias estadunidenses se han vuelto más restrictivas, “dejándolos en la total incertidumbre”. La investigación del Colegio de la Frontera Norte consigna que está cerrado el 80 por ciento de los albergues fronterizos.
El experto considera que “una política de cierre de los albergues para evitar contagios, evitar más riesgos, nadie entra, nadie sale” es una medida plausible por parte de los que están coordinando los albergues. Pero señala que hay una contradicción en la que el Estado Mexicano, las autoridades de migración, no han puesto atención: “la de que los albergues no tienen las condiciones necesarias para ajustarnos a políticas sanitarias como guardar sana distancia, evitar contactos físicos, tener objetos de protección como cubrebocas, suficiente gel, etcétera”.
A su vez, Irineo Mujica, director de la organización Pueblo sin Fronteras, señaló que aproximadamente un 30 o 40 por ciento de las “deportaciones exprés” que hace Estados Unidos son a México. A los migrantes “les dan (aquí) un documento de 30 días para que salgan del país. No están regularizado a la gente, lo cual es completamente ilegal. Los migrantes están atrapados y en peligro”.
Por su parte, Marta Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano dijo que preocupan las deportaciones porque a falta de albergues, los inmigrantes quedan en completo estado de indefensión.
“Ves en Villahermosa (Tabasco) a migrantes caminando con tenis sin agujetas, no saben ni dónde están. Son gente que ha sido deportada de Estados Unidos (...) la migra les quita las agujetas a los tenis (...) los deportan a calles vacías, sin que nadie les pueda prestar ayuda, muchos de ellos cargando el coronavirus”, indicó Sánchez Soler.
