El Gobierno y el Comité del Paro en Colombia, ratificaron su intención de sentarse a negociar, tras más de dos semanas de manifestaciones continuas en contra de las políticas de Gobierno de Iván Duque.
El Gobierno insistió a los representantes del Comité en la posibilidad de iniciar, de forma inmediata, una mesa de negociación y reiteró que garantiza el derecho a la protesta pacífica.
En un video, el Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, leyó una misiva dirigida a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité, en la que aclara que, así como se había anunciado el lunes, el Gobierno reitera su deseo de iniciar "una mesa de negociación con el acompañamiento de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Colombiana de Colombia".
Media hora antes, Maltés, a través de un video en Twitter, había señalado que el Comité ratifica su decisión negociar "sobre el pliego de emergencia que le presentamos hace un año, pero es necesario que el equipo de Gobierno se ponga de acuerdo. Unos hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar. Pareciera que quieren crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación".
"Si bien es cierto hay avances del tema de las garantías, el Gobierno debe precisar la necesidad del respeto a la vida de todos los protestas que se encuentran haciéndolos pacíficamente. No puede continuar la extralimitación del uso de la fuerza de la policía", agregó el vocero, quien aseguró que quedan a la espera de que el presidente Iván Duque precise: "negociamos, hablamos, dialogamos".
El viernes están previstos plantones y manifestaciones -de menor magnitud- en algunos puntos del país, pero a través de redes sociales, se está convocando a una movilización masiva para el sábado, en la capital del país, Bogotá.
La ONU y la OEA insisten en sus condenas
Expertos de la ONU y OEA condenaron el viernes, a través de un comunicado, "la represión de las protestas pacíficas en Colombia" y pidieron al Gobierno "investigaciones exhaustivas e independientes sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada".
Los expertos señalaron sentirse "profundamente consternados" por el uso excesivo la fuerza, de parte de la policía y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de derechos humanos.
El comunicado indica que los expertos han recibido informes de, al menos, 26 muertes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, alrededor de 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual y 69 agresiones contra defensores de derechos humanos.
Otra alarma, según los expertos, son los ataques contra la Minga indígena en Cali y pidieron a las autoridades "que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes”, así como la represión contra los medios e comunicación e instan a "respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad".
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