El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones a tres altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), a los que vincula con la represión a los manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio.
“El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.
Los señalados son Roberto Legrá Sotolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR, y Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central, también de las FAR;, así como Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Minint, informó el Tesoro en un comunicado de prensa.
Los tres militares han sido designados para sanciones bajo Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, y se suman a otros altos cargos sancionados por Washington desde que ocurrieron las protestas, a quienes se señala por ser responsables, cómplices o haber participado “directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos”.
Tras las manifestaciones del 11 de julio en más de sesenta ciudades y pequeñas localidades a lo largo de la isla, centenares de personas que protestaban pidiendo libertad y la renuncia del gobierno de Miguel Díaz-Canel fueron detenidas y varias decenas han sido sometidas a juicio sumarios, según han reportado medios acreditados en Cuba.
En su despacho de prensa, el Tesoro afirma que Legrá Sotolongo es responsable de haber desplegado las Tropas de Prevención (TDP), una unidad de la policía que enfrentó a los manifestantes.
González Brito, como jefe de uno de los tres ejércitos en Cuba, también ha sido señalado por la manera en que fueron sofocadas las protestas.
En el caso de Jiménez se le atribuye la responsabilidad por el “el trato y disposición de las personas encarceladas en Cuba”.
“Una vez en la cárcel, muchas son procesadas por las autoridades cubanas en juicios sumarios, con procedimientos simplificados y, a menudo, sin la posibilidad de contratar a un abogado defensor”, explica el Tesoro.
Con estas sanciones, la Administración Biden bloquea las propiedades de los señalados y prohíbe a las personas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. negociar con propiedades en las que Cuba o un ciudadano cubano tengan un interés, a menos que estén autorizados o exentos.
