Fiscales del Ministerio Público allanaron el lunes las oficinas de la Dirección General de Centros Penales y tres cárceles destinadas para recluir a las pandillas de El Salvador, para incautar documentos que puedan confirmar o desvirtuar las supuestas negociaciones del gobierno con estos grupos criminales.
La Fiscalía General de la República informó en su cuenta oficial de Twitter que "El Fiscal General (Raúl Melara), ordenó iniciar investigaciones en torno a noticias recientes sobre nuevas negociaciones con estructuras criminales".
Un grupo de fiscales ingresó al edificio en compañía del director de Centros Penales, Osiris Luna, pero no hubo declaraciones a los periodistas que no tuvieron acceso al allanamiento simultáneo.
Los fiscales también llegaron a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz en la ciudad de Zacatecoluca, a 56 kilómetros al este de la capital. También allanaron la cárcel de Quezaltepeque y 25 kilómetros al oeste y el penal de Izalco a 65 kilómetros al oeste de San Salvador.
Las tres cárceles son usadas para recluir a miembros de las tres pandillas más grandes del país: Los Revolucionarios y los Sureños del Barrio 18, y de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Desde el 29 de abril, tras el registro de 23 homicidios, el presidente Nayib Bukele ordenó que en siete cárceles se mezclara a pandilleros contrarios en una misma celda y algunas fueron selladas con láminas metálicas. También exigió que los pandilleros permanecieran aislados, sin comunicación con el exterior. La decisión fue cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Un reporte del periódico digital El Faro denunció recientemente que el gobierno de Bukele ha estado negociando con una de las pandillas más poderosas del país a fin de reducir la tasa de asesinatos antes de las elecciones de mitad de mandato a cambio de privilegios en prisión.
Según la publicación, como parte de la negociación entre el gobierno y la Mara Salvatrucha, el 8 de agosto Osiris Luna, director general de Centros Penales, ordenó revertir la decisión de mezclar a los pandilleros contrarios en las celdas, para volver a la normalidad de celdas exclusivas para cada pandilla.
Bukele negó la acusación y ordenó a Luna que abriera las puertas de las cáceles a los periodistas para que pudieran constatar la situación a la que están sometidos los pandilleros.
El señalamiento ha conmocionado a este pequeño país centroamericano, donde por casi tres décadas las pandillas han aterrorizado a las personas con extorsiones y asesinatos. Varios exfuncionarios de gobiernos anteriores están siendo procesados actualmente por presuntamente participar en tratos similares con estas organizaciones criminales.
