Cuando han transcurrido casi dos semanas desde que estallaran las protestas generalizadas del 11 de julio en Cuba, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno cubano a que se adscriba a los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Las protestas, diseminadas por gran parte de la isla, dejaron cientos de detenidos, personas calificadas como “desaparecidas” debido a la incertidumbre de sus familiares y las autoridades informaron sobre una persona fallecida en los enfrentamientos con la policía.
La relatoría emitió un llamado el viernes para que el Estado entable “un diálogo” con los demandantes y le instó a “cesar su distanciamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos”.
En la declaración, la CIDH condena los actos represivos contra los manifestantes y expresa su preocupación por las “graves violaciones a los derechos humanos” en el contexto de las protestas.
En una larga relación de acciones, la CIDH cita las “detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. Además, se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal”.
También la Relatoría pide a todos los Estados de las Américas “que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”.
El gobierno cubano ha calificado de desórdenes públicos las manifestaciones, y decenas de personas han sido ya sancionadas por las protestas pacíficas, algo que ha condenado también la CIDH.
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