Más de 10.000 venezolanos han migrado hacia Bolivia en la última década, según un informe publicado el viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA), que sostiene que esta cifra se mantuvo oculta principalmente por "motivos políticos".
"El informe indica que Bolivia ha recibido cerca de 10.000 migrantes y refugiados venezolanos hasta la fecha, pero que estuvieron invisibilizadas por una década y media por motivos políticos", indicó la organización panamericana en un comunicado divulgado con motivo de la publicación del informe.
El informe hace referencia a los avances que se han alcanzado durante la gestión del gobierno transitorio en Bolivia, entre los que cita el reactivar los procesos de solicitud de refugio y el flexibilizar las reglas en cuanto a solicitar documentos a los venezolanos para que estos puedan regularizar su estatus migratorio y permanecer en Bolivia.
“El establecimiento del gobierno de transición en Bolivia, liderado por Jeanine Áñez, ha generado un cambio en la política migratoria de este país y un nuevo enfoque hacia la inmigración venezolana, centrado en la flexibilización y una perspectiva más humana”, indica el reporte que se puede leer en la página de Internet de la OEA.
Las cifras de venezolanos en Bolivia
Según los datos recabados por el informe, el 60% de los 10.000 venezolanos en el país andino son hombres, mientras que un 40% son mujeres.
La mayoría de los venezolanos que entran a Bolivia lo hacen por vía terrestre, siendo las fronteras de Desaguadero, limítrofe con Perú, y la de Guayamerín, que limita con Brasil, las principales.
Asimismo, las ciudades donde se han concentrado principalmente las comunidades venezolanas son: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Además, la gran mayoría de solicitantes de refugio provienen de Colombia, Ecuador y Perú, países en los que solicitaron el estatus de refugiado pero que, por alguna razón, no se los concedió.
Por otro lado, el informe menciona los desafíos que las autoridades bolivianas enfrentan ante la masiva migración de venezolanos, que incluye los costos financieros de los trámites migratorios así como los obstáculos para que estos puedan integrarse en el mercado laboral.
“Uno de los desafíos es garantizar la continuidad de la nueva política migratoria hacia los venezolanos, así como la permanencia de las resoluciones aprobadas en caso de que se instale un nuevo gobierno luego de celebrarse las elecciones presidenciales de 2020”, agrega la nota publicada por la OEA.
La investigación fue liderada por David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
