El Día Internacional de la Mujer en 2021, como cada año, estuvo marcado por múltiples protestas, las que para muchos críticos no abonan a la causa de las reivindicaciones de sus derechos. Sin embargo, Amnistía Internacional junto a mujeres de distintas partes de la región opinan lo contrario y ofrecen diferentes puntos de vista a la interrogante del por qué salen a las calles.
Erica Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, apunta que las movilizaciones masivas y sociales por parte de las mujeres “históricamente han generado cambios significativos tanto en la conciencia social como en la de los Estados”, para empezar a hacer cambios en prácticas, política y leyes que puedan garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Mientras que Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos en Colombia, alega que los movimientos masivos de mujeres son una forma de llevar “a territorio público, lo que de alguna manera se nos ha negado o se nos ha limitado en la esfera privada”, como el caso de los derechos sexuales y reproductivos.
Martínez hizo mención muy concretamente al tema del aborto, el cual para ella es parte de tener acceso y control de la vida privada de cada mujer. La activista señala que las manifestaciones buscan sensibilizar a la opinión pública sobre aquellos temas que han estado y siguen estando cubiertos por estigmas.
En el caso de El Salvador, Morena Herrera, defensora de Derechos Humanos explica que las demandas son múltiples, como la denuncia de la violencia contra la mujer; pero una y quizá la más importante para todas es el reconocimiento y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, en particular la despenalización [por causales] del aborto, que para ellas es un problema de salud pública.
“Es una movilización que intentan hacer comprender a la sociedad de qué tipo de problema se trata”, para ello, ejemplificó que uno de los principales temas que buscaron llevar a la palestra pública, el 8 de marzo, es la demanda que organizaciones feministas junto con el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos están litigando en el caso de Manuela vs El Salvador, un caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) someterá a audiencia pública los próximos 10 y 11 de marzo de 2021.
La demanda vislumbra el impacto de la prohibición absoluta del aborto [en El Salvador] en los derechos reproductivos de las mujeres, ya que Manuela, murió por un cáncer mientras cumplía una condena de 30 años en prisión por supuestamente haber interrumpido su embarazo y no recibió asistencia médica por parte del Estado.
Justicia
Asimismo, las protestas en el caso de Honduras eran un clamor por justicia.
Miles de mujeres salieron a las calles junto a Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, una joven que murió luego de que las autoridades la trasladaran a instalaciones de la Policía Nacional de Honduras en el poblado de la Esperanza, el pasado 6 de febrero.
El arresto de la joven, según las autoridades fue por incumplir el toque de queda impuesto por el Gobierno como medida para frenar la pandemia del COVID-19.
Los policías que la privaron de libertad dijeron que la mujer se había suicidado pero las investigaciones hechas por el Ministerio Público confirmaron que la víctima fue asesinada por "asfixia mecánica" (ahorcada), según la autopsia.
La madre de Keyla exigió justicia al Estado hondureño y denunció que ella, así como su familia está sufriendo un acoso sistemático por parte de la policía por levantar la voz y denunciar el asesinato.
Represión
Amnistía Internacional, resalta que las protestas no son exclusivas de los movimientos feministas, han sido protagonizadas en los últimos años por la sociedad civil en la región para hacer oír sus demandas.
Exigen el fin de la violencia policial, al racismo hasta los que demandan la despenalización del aborto o que denuncian las arbitrariedades del Estado en procesos electorales o implementación de políticas que afectan los derechos económicos, sociales y culturales.
“Todos estos movimientos, sobre todo en los que las mujeres y niñas han ocupado un lugar de protagonismos se encuentran con una respuesta represiva por parte de las autoridades”, apunta Rosas.
Para la activista ese tipo de represión solo pone en evidencia que “los Gobiernos están perdiendo la capacidad para dialogar con su ciudadanía y particularmente para escuchar a sus mujeres y niñas”.
Amnistía Internacional ha documentado en el último año cómo en diferentes países del continente como Chile, Ecuador Haití, Colombia y México, entre otros, las autoridades hacen uso excesivo de la fuerza y estigmatizan a los movimientos de protesta liderados por mujeres.
México en particular es uno de los países de América Latina donde la institución ha reportado cómo esas conductas represivas se van repitiendo y generando un ambiente hostil para el ejercicio fundamental de la asamblea pacífica y la libertad de expresión.
El presidente de México Manuel López Obrador justificó la instalación de una valla, previo a las protestas del Día de la Mujer, alrededor del Zócalo de Ciudad de México y el Palacio Nacional, donde él vive y trabaja, aduciendo que las protestas feministas han "comenzado" en su Gobierno.
