![“Es aberrante que los defensores de derechos humanos en Colombia tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en sus causas”: Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos. [Foto: Cortesía]](https://gdb.voanews.com/965ead44-1532-474e-8681-466186a999cc_w250_r1_s.jpg)
La muerte a manos de desconocidos de cinco jóvenes que departían en una finca en el municipio de Buga, Valle del Cauca, en el occidente de Colombia, se convirtió en la sexta masacre acaecida en el país en apenas 26 días del año en curso.
Ya son 20 personas asesinadas en estos homicidios colectivos, mientras que 15 líderes sociales, entre defensores de derechos humanos, ambientalistas y excombatientes de las extintas FARC, también han sucumbido ante las balas de sicarios.
Una situación escandalosa como la calificó Camilo González Posso, director del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz): “La sexta masacre en el año que va, y aún no termina el primer mes, y al mismo tiempo, 15 líderes sociales, entre ellos ambientalistas, defensores de derechos humanos que han sido asesinados y cinco firmantes de los acuerdos de paz”.
Para González Posso “la dramática situación requiere de una gran unidad nacional en contra de la muerte, un pacto por la vida que realmente abra una nueva situación, signifique una esperanza frente a estos acontecimientos tan conmovedores en contra de civiles y en contra de la paz”.
Por su parte, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la crítica situación como aberrante y rechazó que la defensa de una causa social sea sinónimo de muerte en Colombia.
“Por eso es aberrante que los defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos en Colombia tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en sus causas”, dijo. “Es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de defensores y defensoras en los territorios”, agregó.
![Colombia y Estados Unidos han mantenido una larga relación bipartidista y bicameral resaltó el presidente colombiano, Iván Duque. [Foto: Cortesía Presidencia de Colombia].](https://gdb.voanews.com/3f173d4e-e0ed-4fbc-bec6-e0dee4778a8c_w100_r1.png)
La escalada violenta de este año solamente refleja la continuación de las acciones criminales que se presentaron en el país en el 2020, con 66 masacres y 421 asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos, como lo reveló en su informe anual de Human Rights Watch (HRW).
En su informe presentado el pasado 13 de enero, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, fue enfático al afirmar que la situación de violencia en el país es tan crítica que “en Colombia se levantaba una piedra y sale un sicario”.
Por su parte, el gobierno mantiene su posición frente a que son las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, el combustible que alimenta la escalada criminal contra los líderes sociales.
Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del interior y actual Alta Comisionada para Los derechos Humanos del gobierno de Iván Duque, insiste en que la estrategia de lucha frontal contra el narcotráfico es el camino para desmantelar las redes criminales que atentan contra los líderes sociales en los territorios.
“El narcotráfico es como un monstruo de mil cabezas, por eso es que debe ser contundente la acción de la Fuerza Pública, se generó la estrategia del cartel de los más buscados, justamente porque la Fiscalía General identificó 31 responsables de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, indicó la funcionaria.
