Cuando se van a cumplir casi dos años de haber sido impuesto el régimen de excepción en El Salvador, la organización Amnistía Internacional publicó un informe en el que critica duramente las medidas del presidente Nayib Bukele en su guerra declarada contra las pandillas.
El 27 de marzo de 2022 la Asamblea Legislativa en la nación centroamericana aprobó la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales en su afán por frenar la alta criminalidad del país.
Sin embargo, tras reportes de denuncias sobre muertes en prisión, casos de tortura y detenciones arbitrarias, Amnistía considera que el país sufre un alto grado de retroceso en cuanto a los derechos civiles.
“Estos no son casos aislados sino más bien un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una trágica repetición de la historia, donde la violencia estatal está reemplazando gradualmente a la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abuso y desesperación”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.
El informe se basó en tres misiones en el terreno y más de 80 entrevistas realizadas que concluyen en que la nación vive un ambiente “marcado por un enfoque punitivo y represivo”, el debido proceso está bajo amenaza y la comisión de abusos en los centros penitenciarios.
Amnistía encontró que “el enorme número de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo” está ligado a la coordinación del gobierno para implementar esta medida, al tiempo que las mismas autoridades se niegan a “reconocer e investigar diligentemente los abusos”.
Citando fuentes de la sociedad civil en El Salvador, el informe determina que a “las víctimas de detenciones arbitrarias” las une el tener bajos niveles educativos, un “empleo precario” y residir en áreas que son señaladas negativamente por su pobreza o el estar bajo el control de las pandillas.
Las mismas autoridades, cita la entidad internacional, han declarado que más de 7.000 personas que fueron detenidas bajo sospecha de pertenecer a pandillas y juzgadas fueron puestas en libertad por medio de medidas que sustituyen la prisión preventiva.
Finalmente Amnistía Internacional recomienda poner fin a las medidas de seguridad que llevan a la violación de los derechos humanos y retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, mientras llama a la comunidad internacional “a mantener una posición firme y sostenida frente al retroceso en materia de derechos humanos que se registra en El Salvador”.
La pasada semana Nayib Bukele obtuvo una licencia que el Congreso emitió para que se pudiera retirar temporalmente del cargo y así hacer campaña nuevamente para intentar su reelección por otros cuatro años en los comicios generales, pactados para el 4 de febrero de 2024.
Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuyas vidas estaban sometidas a las reglas de las maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio.
Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado.
El comisionado presidencial de los derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, rechazó en agosto pasado las afirmaciones expuestas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que en El Salvador existen torturas y destacó que no hay denuncias formales.
