El trato que se está dando en Perú a los refugiados venezolanos está en grave y rápido deterioro, tras una admirable generosidad inicial, dice un informe de Amnistía Internacional divulgado este jueves.
El documento critica fuertemente las políticas migratorias aplicadas por Perú a los migrantes venezolanos que buscan refugio en su territorio y “los cambios en los procedimientos de asilo en la frontera entre Perú y Ecuador, que no se han comunicado jamás oficialmente”.
Según Amnistía, las medidas “parecen constituir una política deliberada de rechazo de nuevas llegadas de Venezuela”.
El informe titulado “Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela” documenta las dificultades que están enfrentando los venezolanos cuando tratan de entrar legalmente a territorio peruano desde Ecuador.
Amnistía cita casos de venezolanos que no han podido entrar a Perú con una visa humanitaria que se ha estado otorgando desde junio de 2019 porque las autoridades en la frontera con Ecuador exigen sellos de entrada y salida de ese país vecino.
Los refugiados venezolanos deben atravesar Colombia y Ecuador para llegar hasta Perú. Si los funcionarios ecuatorianos no sellan el pasaporte de los refugiados y permiten su entrada en el país de manera irregular, al llegar a Perú los rechazan en la frontera.
“Valerse de la falta de sellos de entrada y salida de Ecuador como pretexto para negar la entrada a personas venezolanas que tienen visa humanitaria o que se ajustan a las excepciones humanitarias debido a su estado de vulnerabilidad es una muestra de cruel falta de respeto por los derechos humanos de las personas refugiadas venezolanas”, dice Amnistía.
Amnistía señala también que antes los solicitantes de refugio podían entrar a Perú mientras esperaban la calificación de su caso, pero en los últimos meses esperan la respuesta alrededor de 70 días, sin poder entrar a Perú ni poder volver a Ecuador.
El informe señala que “Venezuela se encuentra en medio de una emergencia humanitaria y gran crisis de derechos humanos, que comenzó en 2014, y de la cual han huido más de 4,8 millones de personas hasta diciembre de 2019”.
“La mayoría de los venezolanos que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional, ya sea en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de carácter internacional, o de la Declaración de Cartagena de 1984, de carácter regional”, dice Amnistía.
El informe reconoce que “Perú, que tiene más personas solicitantes de la condición de refugio de Venezuela que cualquier otro país del mundo y acoge a más de 800.000 venezolanos en total”.
Sin embargo, “esta generosidad histórica no significa que el Perú pueda incumplir sus obligaciones internacionales presentes y futuras.”
Amnistía concluye que “esas prácticas irregulares, sumadas a la restringida interpretación que hace Perú de la protección internacional, contravienen sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos, en virtud de las cuales debe proporcionar acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes a quienes buscan protección internacional”.
