El 2019 cerró como el año “más violento” contra los exguerrilleros de las FARC desde que se firmó la paz en Colombia en 2016, incluyendo el asesinato de 77 de ellos, según denunció este martes la ONU.
El organismo, -que verifica el acuerdo que terminó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas como la organización rebelde más poderosa de América-, publicó en Bogotá un informe en que subraya la alarma del secretario general, Antonio Guterres, frente a los crímenes contra los antiguos rebeldes.
En ese sentido, urgió “a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de las y los excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento” para ellos.
Según la misión de la ONU en Colombia, en 2019 hubo 77 asesinatos, 20 de ellos en el último trimestre. La cifra supera los 65 casos documentados en 2018 y los 31 en 2017.
“El número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio”, subrayó la ONU.
El presidente Iván Duque dijo que está “preocupado” ante el asesinato de excombatientes y aseguró en entrevista con Blu Radio que se deben “mejorar las herramientas de denuncia y de protección (…) para minimizar estos hechos”.
La ONU citó cifras de autoridades locales según las cuales el 80% de los ataques están relacionados con grupos y organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería ilegal.
“Sigue habiendo desafíos con respecto al desmantelamiento de las estructuras detrás de estos asesinatos, ya que solo nueve de 67 sospechosos arrestados son autores intelectuales”, indicó el informe.
La delegación internacional también da cuenta de la espiral de violencia que envuelve a activistas de derechos humanos y líderes sociales. Desde que se firmó la paz, en noviembre de 2016, son 303 asesinatos, 86 de los cuales corresponden a este año, incluidas 12 mujeres.
El informe será presentado por Guterres al Consejo de Seguridad de la ONU.
Aunque la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas hoy en partido político tras el desarme de unos 7.000 combatientes, alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país, gracias a los recursos del narcotráfico, principalmente.
Excombatientes y líderes sociales son vistos en muchos casos como enemigos por esas organizaciones, que buscan expandir los cultivos ilegales que son materia de la cocaína o asumir el control territorial, según investigaciones locales.
