La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que, según representantes de la sociedad civil, busca “aniquilar” la autonomía de las ONG.
El chavismo argumenta que existen 62 oenegés que operan con fines “absolutamente políticos” y que son financiadas por otros gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos.
“Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero. Comenzaron con fines sociales, humanitarios, hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente todas con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización”, dijo el parlamentario Diosdado Cabello, considerado una de las figuras clave del gobierno y quien presentó la propuesta.
En ese sentido, Cabello mencionó específicamente a organizaciones como el Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las más antiguas del país; Súmate, Futuro Presente, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos.
“Llegó la hora de legislar sobre este tema. Sobre el financiamiento, el que recibe recursos, cómo los invierte, fiscalización. La actuación qué hacen las ONG. ¿Se dedican a la política o a la labor social? Si es a la política, inscríbanse como partido político”, expuso durante su intervención en la sesión de la Asamblea el martes por la tarde.
La organización PROVEA reaccionó asegurando que se busca “ilegalizar” a las ONG y precisó que, según la propuesta de ley que circuló en redes sociales y a la que la Voz de América tuvo acceso, las organizaciones que incumplan con la legislación serían multadas hasta con 200 petros o el equivalente a unos 12.000 dólares.
Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país, cuestionó que se haya vuelto una práctica de la Asamblea Nacional el discutir y aprobar proyectos “bajo opacidad”, debido a que el contenido de la ley no se ha hecho público de manera oficial.
“Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ONG y Afines, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela”, expuso, en Twitter, Acceso a la Justicia. También dijo esperar que la iniciativa no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el “régimen nicaragüense, a fin de reprimir el derecho de asociación en ese país”.
Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Right Watch (HWR) calificó como grave lo que definió como “un nuevo intento de restringir el importante y valiente trabajo que hacen las organizaciones de DDHH en Venezuela”.
“Se trata de un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años”, continuó en un mensaje de Twitter.
Desde hace varios meses, diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y advirtieron que una ley de este tipo amenaza con restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro.
Además, subrayan que podría tener consecuencias negativas para los sectores más vulnerables.
De momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo la segunda discusión.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
