Al menos uno de los empresarios sospechosos de integrar lo que apunta a ser una de las mayores tramas de corrupción que se recuerden en Argentina admitió ante la justicia que pagó dinero a exfuncionarios para "campañas electorales" a cambio de realizar obras públicas.
Juan Carlos de Goycoechea, exdirector regional en Argentina de la firma de ingeniería y construcción española Isolux Corsán, afirmó que durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) realizó varios pagos en dólares a funcionarios para "campañas", al declarar recientemente en el marco de una investigación judicial que es comparada con el caso Lava Jato que sacudió a varios países de Latinoamérica.
"Se sobreentendía que si no pagaba le frenaban los pagos para obras", dijo el lunes al canal América Juan Araoz de Lamadrid, abogado de De Goycoechea, quien es uno de los empresarios detenidos que se han presentado ante el juez Claudio Bonadío.
El empresario afirmó que los montos que aportó para campañas fueron por varios cientos de miles de dólares.
En su declaración, De Goycoechea aseguró que aportó esos fondos presionado por las circunstancias y no los consideró sobornos. El empresario ha solicitado su excarcelación.
Fernández no ha hecho declaraciones públicas desde que la semana pasada estalló el escándalo por el presunto pago de sobornos millonarios por parte de al menos ocho grandes empresarios de los sectores energético y de la construcción al ministerio a cargo de las obras públicas.
La actual senadora opositora fue llamada a declarar el 13 de agosto por el juez Bonadío, quien junto al resto de los investigados la considera sospechosa de integrar una asociación ilícita.
La causa se basa en una pesquisa del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios supuestamente pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas.
Entre los destinos a los que llegó el dinero --mencionados en los cuadernos-- está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.
El chofer habría trasladado al menos 160 millones de dólares en bolsas en un auto.
Otro de los empresarios investigados es Ángelo Calcaterra --primo del presidente Mauricio Macri-- quien según medios de prensa también admitió ante el juez el lunes el pago de montos para las campañas kirchneristas.
La diputada oficialista Elisa Carrió, cercana al mandatario, celebró la decisión de Calcaterra de presentarse ante la justicia. El empresario fue dueño de Iecsa, la constructora que está mencionada en los cuadernos que escribió Centeno.
"Sé el dolor que significa en lo personal para el presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo", dijo la legisladora en su cuenta de Twitter.
Calcaterra no quedó detenido, según pudo apreciarse en imágenes de medios de prensa en la que aparece retirándose de los juzgados.
El fiscal Carlos Stornelli, quien colabora en la pesquisa, señaló que espera que comiencen a cundir los arrepentimientos entre los investigados, entre los que hay además al menos seis exfuncionarios. Sobre la causa rige el secreto de sumario.
Algunos juristas critican la falta de pruebas de peso en el marco de la causa, ya que las investigaciones judiciales se realizaron a partir de las fotocopias de los cuadernos, que fueron suministradas a la justicia por La Nación. Los originales habrían sido quemados por el chofer.
Sin embargo, el fiscal ha señalado que los datos aportados por esos cuadernos han sido corroborados con otros elementos y otras evidencias que aún no han tomado estado público.
El chófer se acogió a la figura de "imputado colaborador" en su declaración para lograr una reducción de su eventual condena y se prevé que De Goycoechea y Calcaterra hagan lo mismo.
La empresa que perteneció al primo de Macri también es investigada en la trama argentina del escándalo Lava Jato.
Ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht admitieron que pagaron 788 millones de dólares entre 2001 y 2014 en 10 países latinoamericanos, entre ellos Argentina.
Analistas consideran que los cuadernos comprometedores podrían aportar nuevos indicios a la trama argentina del Lava Jato sobre el pago de sobornos para obras como el soterramiento de un tren.
