“Me cuesta mucho salir. No me encuentro bien… No soy el mismo Pablo que antiguamente”, explica a la Voz de América Pablo Abecasis, un argentino radicado en España y que experimentó en primera persona el atentado que tuvo lugar en Barcelona, el 17 de agosto de 2017.
Originario de Buenos Aires, se encontraba trabajando en un quiosco cuando un poco antes de las 17:00 (hora local), una furgoneta que circulaba a gran velocidad atropelló a quienes, como él, se encontraban en la zona peatonal de La Rambla, uno de los lugares más turísticos de Barcelona.
“Salgo despedido varios metros y caigo con la parte lumbar en el suelo, en el medio de La Rambla con las manos dobladas así”, cuenta mientras muestra cómo chocaron sus manos contra el asfalto ardiente de aquel día de verano.
El atacante, Younes Abouyaaqoub, salió del vehículo a la altura del monumento a Joan Miró y huyó. En la Avenida Diagonal, robó un coche, apuñaló de muerte al conductor y se escapó. Tras más de 90 horas en busca y captura fue encontrado y abatido por la policía en la localidad catalana de Subirats.
Unas horas más tarde que se produjera el ataque de La Rambla, en la madrugada del 18 de agosto, un vehículo se saltó un control policial en Cambrils, una ciudad ubicada a una hora y media de Barcelona. El automóvil, ocupado por cinco jóvenes con explosivos simulados, trató de entrar a toda velocidad al paseo marítimo, arrollando a su paso a varias personas. De él salieron los cinco, quienes intentaron apuñalar a los que se encuentran en el lugar.
Finalmente, la policía abatió a los cinco atacantes, pertenecientes a la misma cédula yihadista que el autor del atentado del centro de Barcelona.
Los ataques, que más tarde fueron reivindicados por el grupo terrorista Daesh, dejaron 16 muertos y alrededor de 140 heridos.
Una joven entrevistada por la Voz de América y quien pidió protección de su identidad, se encontraba trabajando en una tienda cercana a La Rambla cuando ocurrió el atentado:
“Podíamos escuchar cómo la gente aporreaba la puerta, intentando entrar, hasta que, al cabo de unos minutos, ya no se oía nada (…) Pasaron semanas hasta que fui capaz de pasar por allí. Fue y es algo muy triste e injusto lo que pasó el 17 de agosto de 2017”
Cuando se cumplen cinco años de los hechos, Abecasis explica que sigue acarreando diferentes secuelas:
“Tomo varias pastillas para poder dormir, tengo muchas pesadillas… Sueño que me quieren matar, todo esto derivado del atentado”, comenta mientras muestra las diversas cajas de medicinas que toma a diario y también detalla que, a nivel físico, tiene diferentes dolencias, sobre todo en la espalda y las piernas, lo que provoca que le cueste caminar y encontrar una posición cómoda para dormir, entre otras dificultades que le impiden llevar una vida normal.
Tras el ataque, Abecasis estuvo trabajando dos meses en el quiosco, pero explica que fue despedido “por falta de rendimiento”: “Ya no podía hacer fuerza, no podía estar en La Rambla, con cualquier ruido que había me agarraban ataques de pánico”.
Desde entonces, se encuentra sin empleo, por lo que explica que sobrevive a base de ahorros y de lo que aporta su familia, e intenta gastar lo mínimo para poder llegar a fin de mes; hace un lustro que lucha para que el ministerio del Interior reconozca los daños que le causó el atentado, puesto que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de ayuda.
Afirma que las víctimas están “totalmente abandonadas”, debido a que “todavía la sentencia no es firme”.
Precisamente hace unos días, Josep Lluís Trapero, el exjefe de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, dijo en entrevista con el diario La Vanguardia que “la sociedad no ha sido generosa” con las víctimas del 17 de agosto y que la respuesta tanto de los catalanes como de los españoles “no estuvo al nivel de otros países”.
Según confirmó el Ministerio del Interior a la VOA, "de las 355 personas que figuran en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización al Ministerio del Interior". De esta cifra, "130 obtuvieron algún tipo de indemnización o ayuda. De los expedientes de las 86 personas restantes, 84 tuvieron carácter desestimatorio por diferentes motivos, y 2 expedientes se encuentran actualmente pendientes de resolución a la espera de recibir información complementaria".
El monto total de las indemnizaciones proporcionadas por el ministerio, asciende a 7.338.798.78 euros.
“Hasta 355 víctimas figuran en la relación de hechos probados de la sentencia del caso, ratificada por la Audiencia Nacional en sus aspectos fundamentales el pasado mes de julio, aunque solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización a Interior”, dice la agencia española.
“Es la primera sentencia en la historia del terrorismo de España donde se reconoce a una víctima presencial que certifica, por desgracia de ella, unas secuelas psicológicas graves, de estrés postraumático, por ejemplo, de aparición prolongada… Las sentencia los reconoce como víctimas, hasta ahora esto no era así”, explica Roberto Manrique, asesor en la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT) y quien fue víctima del atentado perpetrado por ETA en el supermercado Hipercor de Barcelona en 1987.
Sin embargo, Manrique denuncia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas víctimas del atentado como Pablo.
“Que la sentencia no sea firme no implica que las víctimas no tengan problemas. Y que las lesiones físicas estén ahí, las psicológicas también y se necesite atención constante”
Una opinión diferente tiene José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, quien comenta que “todas las víctimas están debidamente atendidas tanto económicamente como psicológicamente”.
Asimismo, Vargas, que también fue víctima del atentado en Hipercor, denuncia que tanto el ayuntamiento de Barcelona como el gobierno autonómico, se han “aprovechado políticamente” del ataque del 17 de agosto: “Ya está bien de politizar los atentados yihadistas”, dice, a la vez que señala que el atentado “se podía haber evitado”.
Los seis autores materiales de los atentados de Barcelona y Cambrils murieron tras los ataques, aunque tres jóvenes pertenecientes a la cédula fueron condenados a prisión por delitos como pertenencia a una organización terrorista y depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional rebajó las condenas a dos de ellos: de 53 a 43 años la pena a Mohamed Houli, y de 46 a 36 a Dris Ouakbir.
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