El juicio político y la eventual destitución que el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quiso evitarse cuando decidió en mayo pasado acortar su mandato y disolver la Asamblea vuelve a la agenda legislativa.
Las nuevas autoridades del Legislativo, recién posesionadas después de las elecciones adelantadas en las que Daniel Noboa salió como presidente del país, introdujeron una nueva convocatoria para el proceso de enjuiciamiento a Lasso para dentro de dos días.
Entonces, el pleno de la Asamblea tiene previsto declarar abierto el debate, en el que pueden inscribirse todos los legisladores.
En el Legislativo tiene mayoría el bloque de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, que ha mantenido una postura crítica y de confrontación con el gobierno de Lasso durante los dos años y medio de gestión de este último.
El proceso de destitución a Lasso, al darse con posterioridad a su salida de la presidencia, es de orden político y sin que pueda tener consecuencias respecto del cargo que ya cedió. Se podría conocer el resultado en un plazo de cinco días.
Lasso, de 68 años, dejó el poder el 23 de noviembre al hacer el traspaso de mando a Noboa, quien gobernará solo por un año y medio hasta completar el período de mandato que termina en mayo del 2025.
En su último día como presidente, dijo que “disolver la Asamblea fue una decisión política acertada que recibió el respaldo de más del 70 % de la población”.
Los asambleístas de entonces, que fueron cesados el 17 de mayo, responsabilizaban al mandatario por el funcionamiento de una estructura de corrupción dentro del Estado y del gobierno que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker.
De acuerdo con un examen de la Contraloría, esos contratos eran perjudiciales para las arcas fiscales, a pesar de lo cual el coordinador de las empresas públicas renovó un contrato de prestación de servicios con el presunto beneplácito de Lasso, quien tampoco se opuso al despido de un funcionario que había recomendado terminar esos contratos.
Para censurar a Lasso, se requieren 92 votos de los 137 votos de los miembros de la Asamblea. Lasso ha mantenido que no hay pruebas de presunta corrupción.
