Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en afrontar un juicio penal en su contra, luego de que la Fiscalía radicara un escrito de acusación por los presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Al caso, que se ha prolongado desde el año 2012, se le sumó un nuevo delito el pasado viernes 17 de mayo, cuando el ente acusador colombiano le agregó el nuevo cargo, donde presuntamente el exmandatario habría sobornado a testigos en las cárceles para que no declararan contra él en medio de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El proceso, que ha dado varios giros desde que arrancó hace 14 años, cuando el senador Iván Cepeda, en medio de un debate de control político en el Senado, presentó testimonios en los que se señalaba al expresidente de crear escuadrones armados de ultraderecha en el departamento de Antioquia.
En ese momento, Álvaro Uribe denunció al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, la rama del poder judicial encargada de juzgar a los congresistas, por manipulación de testigos.
Sin embargo, el proceso dio un giro en 2018, cuando el alto tribunal determinó que la denuncia del senador Cepeda era legal y que los aliados del expresidente sí habrían intentado manipular testigos.
Por estos hechos, Uribe, que en ese momento era senador; quedó vinculado formalmente por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, y se le dictó orden de arresto preventiva y domiciliaria.
Luego el exmandatario renunció a su curul en el legislativo y la Corte Suprema perdió competencia del caso, que pasó a la fiscalía, en ese entonces bajo el mando del ex fiscal Franciso Barbosa, allegado al exmandatario, quien pidió la preclusión del caso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la petición.
Ahora, fue la propia fiscalía la que solicitó el escrito de acusación en el que se incluyeron nuevas pruebas en los delitos mencionados, y el inicio de la audiencia de acusación la cual avanza actualmente.
La Voz de América habló con expertos sobre cómo podría terminar todo este proceso ante la justicia contra Uribe, uno de los políticos más influyentes de Colombia, quien gobernó al país de 2002 a 2010.
Para Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, este nuevo proceso que inicia con el expresidente Álvaro Uribe es un proceso “histórico” por una denuncia judicial que él emitió en un principio y que ahora se volvió en su contra.
“La primera vez en nuestra historia que un expresidente va a enfrentarse en condición de acusado al frente de un juez que va a decidir su situación, eso ya es de por sí muy relevante y digamos que también ya se trata de una situación en la que la Fiscalía considera en condiciones de probabilidad que pudo haber un delito y que puede haber una responsabilidad por parte de Uribe”, explicó Bernate a la VOA.
En ese sentido, para el doctor en Ciencias políticas y docente de la Universidad Católica de Temuco de Chile, Germán Campos, este juicio puede traer consecuencias negativas no solo para Uribe, quien aún goza de una inmensa popularidad, sino que también a su partido político.
“Es un proceso que se ha generado en el tiempo y que contradictoriamente él empezó y que da un giro teniendo estas repercusiones que han sido muy relevantes y muy importantes, entonces bajo ese contexto esto hay un impacto porque es una de las figuras políticas con mayor aprobación presidencial en décadas y esto le puede restar en buena parte la imagen (…) También en su vehículo electoral que es el Centro Democrático, vemos que allí hay una serie de líderes importantes, pero el líder indiscutible hasta la fecha sigue siendo Uribe Vélez”, destacó Campos.
¿Podría terminar el juicio en una condena contra Uribe?
De acuerdo con la ley colombiana, el exmandatario se podría exponer a una condena de entre seis a doce años de prisión. Luego de darse a conocer el nuevo cargo, el expresidente dijo a medios “que las garantías no se aplican para él” y que “jamás he engañado a la justicia".
En ese orden, Bernet cree que por la “complejidad” de un “sistema colapsado” de justicia, el proceso podría tardar cinco años, lo que llevaría a que no se cumpla con los plazos establecidos en la ley para el juicio, por lo que “no habrá una decisión judicial”.
“La justicia tiene un término definitivo para este proceso que es octubre del próximo año por lo que la prescripción será la terminación de este proceso y digamos no habrá una decisión judicial, sino que ya serán las narrativas históricas o políticas las que determinen qué punto de vista prevalece, si el de la inocencia o el de la responsabilidad, pero no habrá un pronunciamiento judicial”, dijo Bernete a la VOA.
Asimismo, Campos, destacó que ahora el exmandatario y su núcleo político se enfrentan a dos escenarios. Uno en el caso de que quede absuelto de los delitos que se le sindican y en el que le podría fortalecer su figura y su política de “mano dura” contra las guerrillas con la que gobernó al país.
Sin embargo, por otro lado, de no salir favorecido del proceso sería un “golpe” fuerte a una figura que en los últimos años ha perdido parte de su favorabilidad por los escándalos en los que ha estado inmerso.
“En caso de que Uribe salga absuelto de todo este proceso va a salir una figura muy fortalecida, entonces yo creo que el mejor escenario que le podría pasar al expresidente es que el proceso quede recluido, ahora en caso de que se dé un caso contrario esto podría jugarle en contra a todo su partido en términos electorales”, destacó.
Por último, en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia está la decisión del futuro de este proceso que definirá la situación legal y política de Álvaro Uribe Vélez.
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