El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, confirmó el viernes que Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “el Conejo”, uno de los delincuentes más buscados del país, fue abatido un día antes durante un operativo en el estado Sucre.
Ceballos reiteró que Gómez Rodríguez, líder de una gran banda criminal, era buscado por “terrorismo, extorsión, secuestro y otros delitos que han afectado la vida de los ciudadanos”.
“No permitiremos la presencia en nuestro territorio de grupos criminales terroristas armados”, dijo Ceballos el viernes por la tarde a través de Venezolana de Televisión, el canal del Estado.
Gómez Rodríguez presuntamente mantenía vínculos con Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, detenido la semana pasada en un operativo en el que varios altos funcionarios han sido detenidos por delitos de corrupción en el sistema judicial y la industria petrolera, y que condujo a la renuncia de Tareck El Aissami de su cargo como ministro de Petróleo.
A principios de año el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la policía científica, ofreció una recompensa de un millón de dólares a cambio de información sobre alias “el Conejo” y miembros de su banda.
En varias ocasiones la organización criminal causó “zozobra” en la población de Las Tejerías, estado Aragua en el centro del país, donde recientemente atacó varios comandos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el CICPC.
La banda de “el Conejo” ha estado señalada de tener alianzas con el Tren de Aragua, una organización criminal presente en todo el país e incluso con conexiones que empiezan a darse a nivel internacional, coinciden expertos en la materia.
Esas organizaciones, hasta hace algunos años, podrían llegar a tener “entre 400 y 500 personas alistadas, un pie de fuerza importante”; no son pandillas “en el sentido tradicional” de pequeños grupos con extensión local, sino organizaciones criminales que “tienen una organización empresarial por un lado y militar por el otro”, explicó a recientemente a la Voz de América Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “zonas de paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones.
Para expertos, el gobierno “terminó fomentando y fortaleciendo a las bandas criminales que eran los sistemas más poderosos dentro de las áreas de despeje”, explicó a VOA Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
