El Banco Corporativo de Nicaragua, fundado por los sandinistas en 2014, cerró sus operaciones después de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos que lo involucró en supuestas transacciones ilícitas con fondos de Venezuela.
En entrevista con The Associated Press, Eduardo Holmann Chamorro, uno de los tres directores del Bancorp, confirmó la autenticidad de una carta enviada por el banco el 22 de abril a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF) solicitando su "disolución voluntaria".
"Entiendo que la SIBOIF ya aceptó la disolución", dijo el empresario. "El Bancorp desaparece y 106 empleados van a la calle, por desgracia". Agregó que se formó una junta para la liquidación y pago de todas las prestaciones al personal despedido.
La SIBOIF no ha confirmado oficialmente la disolución del banco, señalado por Estados Unidos de participar en actos de corrupción y lavado de dinero procedente de Venezuela. Estos presuntos delitos fueron los que dieron pie a las sanciones anunciadas por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el 17 de abril.
La inscripción del Bancorp fue solicitada a la SIBOIF en 2014 por la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) para manejar el dinero de las empresas nicaragüenses creadas con fondos de Venezuela, declaró el entonces superintendente de bancos Víctor Urcuyo, quien renunció a su cargo en enero.
Albanisa es un consorcio de compañías creadas con los fondos generados por el acuerdo petrolero firmado en 2007 entre Venezuela y Nicaragua y administrado por funcionarios leales al presidente Daniel Ortega. El 51% de los activos pertenece a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el 49% a la también estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).
En un comunicado publicado esta semana en su página de internet el Bancorp señaló que Albanisa no es cliente del banco desde febrero. Aseguró ser un banco privado de capital nacional, sin participación de entidades venezolanas.
No obstante, mediante un orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al Bancorp y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y asesor de la agencia estatal de inversiones, tras haber comprobado "su papel en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega".
Las sanciones incluyen el bloqueo de todos los bienes, propiedades o sociedades ligadas a Ortega Murillo y al Bancorp en Estados Unidos, inhabilitando a la entidad financiera para hacer negocios.
Holmann dijo que las denuncias contra el Bancorp fueron "una satanización". Aseguró que el banco "ya no era operativo" pues desde antes de las sanciones era "bloqueado" por otras entidades privadas locales.
"A los banqueros no les interesaba que existiera el Bancorp, era un pelo en la sopa", comentó el empresario ligado al gobernante Frente Sandinista y alcalde de ese partido en el balneario de San Juan del Sur de 2004 a 2008.
Aunque el Parlamento de Nicaragua aprobó en marzo una solicitud urgente de Ortega para traspasar al Estado los activos del Bancorp por unos 22,8 millones de dólares y crear un Banco Nacional, Holmann reveló que esa transacción no se realizó.
"El Estado se retiró de la compra, hay mucha presión", aseguró.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, opinó que las sanciones de Washington también le impidieron a Ortega fundar un banco estatal con los fondos del Bancorp y se mostró convencido de que "eso habría puesto en peligro a otras entidades incluyendo el Banco Central... Habría sido una irresponsabilidad mayúscula".
Holmann no quiso pronunciarse sobre el destino de los 22,8 millones de dólares del Bancorp. "Todo se dará a conocer en su momento", dijo. Sostuvo que el banco "está solvente" y devolverá debidamente los depósitos de los ahorristas.
En enero la entidad devolvió fideicomisos por unos 2.500 millones de dólares a la Caja Rural Nacional, una pequeña financiera asociada a los sandinistas y que hasta 2017 manejó parte de la millonaria cooperación venezolana.
Se estima que el gobierno de Venezuela entregó a Ortega unos 4.000 millones de dólares desde 2007 en el marco del acuerdo bilateral petrolero, según cifras extraoficiales. Esos fondos no fueron incluidos en el presupuesto nacional ni reportados al Parlamento nicaragüense.
