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Biden propondrá limitar el mandato de la Corte Suprema y un código de conducta vinculante


ARCHIVO - Personas caminan frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en Washington, el 18 de junio del 2024.
ARCHIVO - Personas caminan frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en Washington, el 18 de junio del 2024.

El presidente de EEUU, Joe Biden, propondrá una serie de reformas profundas a la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la aplicación de un código de ética, una de las prioridades para el resto de su mandato tras su salida de la contienda electoral por la reelección.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propondrá el lunes reformas radicales en el Tribunal Supremo, incluyendo límites a los mandatos y un código de conducta vinculante para sus nueve jueces, pero, como el Congreso está profundamente dividido, los cambios tienen pocas posibilidades de convertirse en ley.

Biden ha previsto proponer los cambios, así como una enmienda constitucional para eliminar la amplia inmunidad presidencial, durante un discurso en la biblioteca presidencial Lyndon B. Johnson en Austin, Texas.

"Esta nación se fundó sobre un principio simple pero profundo: nadie está por encima de la ley. Ni el presidente de los Estados Unidos. Ni un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Nadie", afirmó Biden en un artículo de opinión publicado el lunes en el diario The Washington Post.

El impulso de Biden a las reformas se produce una semana después de que Biden pusiera fin a su intento de reelección y apoyara a la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse al candidato presidencial republicano Donald Trump en noviembre.

También se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no existe un derecho constitucional al aborto y de otras decisiones que bloquearon la agenda de Biden sobre inmigración, préstamos estudiantiles, mandatos de vacunas y cambio climático.

A diferencia de otros miembros de la judicatura federal, los jueces vitalicios del Tribunal Supremo no tienen un código ético de conducta vinculante. Están sujetos a leyes de divulgación que les obligan a declarar ingresos externos y determinados regalos, aunque la comida y otras "atenciones personales", como el alojamiento en la residencia de una persona, suelen estar exentas.

En noviembre, el Tribunal adoptó su primer código de conducta tras las revelaciones de que el juez Clarence Thomas había aceptado viajes no declarados de un rico benefactor. También hubo informaciones este año de que unas banderas asociadas con los intentos del entonces presidente Trump de anular su derrota en las elecciones de 2020 ondearon frente a las casas del juez Samuel Alito en Virginia y Nueva Jersey.

Presidente Biden critica decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre inmunidad para expresidentes
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Los críticos dicen que el código de conducta no va lo suficientemente lejos, ya que permite a los jueces decidir por sí mismos si se recusan de los casos y no proporciona ningún mecanismo de aplicación.

Biden pedirá al Congreso que apruebe normas vinculantes y ejecutables que exijan a los jueces revelar los regalos, abstenerse de actividades políticas públicas y recusarse de casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo, dijo la Casa Blanca.

También instará al Congreso a que adopte un límite de 18 años para el mandato de los jueces del Tribunal Supremo, según la Casa Blanca.

Se necesitaría legislación para imponer límites a los mandatos y un código ético en el Tribunal Supremo, pero es poco probable que se apruebe en el actual Congreso dividido.

Además, Biden propondrá una enmienda constitucional que deje claro que haber sido presidente no garantiza la inmunidad frente a acusaciones, juicios, condenas o sentencias penales federales.

Una enmienda de este tipo sería aún más difícil de promulgar, ya que requeriría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o una convención convocada por dos tercios de los estados, y luego la ratificación de 38 de las 50 legislaturas estatales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en julio que Trump no puede ser procesado por acciones que estaban dentro de sus poderes constitucionales como presidente, en una decisión histórica que reconoce por primera vez cualquier forma de inmunidad presidencial frente a un proceso judicial.

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