El presidente estadounidense, Joe Biden, prorrogó por un año más el decreto que declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria” a su seguridad nacional al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones considerables a la democracia y los derechos humanos.
Tampoco hay suficientes incentivos ni avances en pro de la democratización por parte del gobierno de Maduro para que Estados Unidos modifique su política hacia Venezuela, aseguran analistas.
El decreto de la Casa Blanca apunta a “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, la violencia y violaciones de los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales” en Venezuela. También señala “la presencia exacerbada de una importante corrupción” en las instituciones del gobierno.
La orden es una extensión de una medida adoptada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. El expresidente Donald Trump también prorrogó el decreto durante su mandato.
Un decreto de esa naturaleza es considerado una herramienta del presidente de EEUU para aplicar sanciones contra otro país bajo determinadas circunstancias, dijeron expertos consultados.
El gobierno de Nicolás Maduro ha sido sancionado por EEUU, la Unión Europea y otros países. Según el Palacio de Miraflores, se han aplicado más de 900 sanciones contra Venezuela, dijo el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, en enero. Las sanciones han tenido un efecto negativo en la industria petrolera, los recursos para la salud y la educación, y perjudican incluso los salarios de los trabajadores, dijo el funcionario. Maduro ha demandado reiteradamente el fin de las sanciones.
El decreto de emergencia nacional sobre Venezuela ocurre en un momento de pausa y tensiones en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en Ciudad de México.
Esas conversaciones se mantuvieron congeladas entre octubre de 2021 y noviembre de 2022, luego que la delegación oficialista se retirara en reclamo por la extradición del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde hasta Estados Unidos.
Hace cuatro meses, el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo con fines sociales para crear un fondo con recursos venezolanos congelados en el extranjero, que administrarían los organismos de las Naciones Unidas bajo una estricta veeduría.
Desde entonces no han habido nuevas reuniones para las negociaciones en México, mientras voceros del chavismo amenazan con la suspensión total del proceso debido a lo que califican como un retraso por parte de Estados Unidos para liberar esos recursos.
Una medida de rutina
La prórroga de la emergencia nacional también tiene lugar en un momento de tensión entre el gobierno de Maduro y la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que investiga desde noviembre de 2021 la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
En un comunicado publicado por la cancillería venezolana y remitido a la CPI, el Palacio de Miraflores acusó al fiscal Karim Khan de parcialidad y de presuntamente tener “vínculos probados” con organizaciones civiles de oposición.
![El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, interviene ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur, en enero pasado. [Foto: CPI]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-b0b9-08db1a8fe06c_w100_r1.jpg)
La extensión de la emergencia sobre Venezuela se ha vuelto “rutinaria” desde 2015, pues es el basamento legal para mantener vigentes “una parte” de las sanciones, particularmente la prohibición de entrada y congelamiento de bienes de los funcionarios sancionados, explicó el experto en derecho internacional y diplomacia Mariano De Alba.
Su suspensión ocurrirá “cuando Estados Unidos estime que la crisis venezolana ha sido resuelta y corresponda el levantamiento de las sanciones”, dijo.
Luis Peche Arteaga, especialista en relaciones internacionales, también señaló que las negociaciones de México están “en pausa”, sin mayores avances hacia una reapertura democrática por parte de Maduro y los dirigentes políticos del chavismo.
Relaciones de Caracas con Irán, China, Rusia y Turquía
Otro asunto que abona a la extensión de la declaratoria de Venezuela como “amenaza extraordinaria” es la relación de Caracas con otros actores extranjeros beligerantes contra los intereses de EEUU, como Irán, China, Rusia y Turquía, aseguró Arteaga.
“No hay mayor incentivo para que Estados Unidos cambie su postura. Ambos (Washington y Caracas) están esperando más movimiento”, aseguró.
A pesar de las tensiones entre Washington y Caracas, el gobierno de EEUU autorizó una flexibilización de sanciones a la industria petrolera venezolana a finales de 2021 como incentivo a la par de las negociaciones políticas en Ciudad de México.
Esa decisión permitió que la empresa Chevron extrajera y exportada crudo venezolano hacia Estados Unidos. La licencia tiene una vigencia de seis meses y la Casa Blanca advirtió entonces que se reserva la potestad de modificar o revocar las autorizaciones si el oficialismo venezolano no negocia de buena fe o no honra los acuerdos alcanzados.
El chavismo se encuentra en una posición de relativa comodidad, advirtió Peche Arteaga.
“El chavismo, mientras, se mantiene en el poder y la oposición está en plena reorganización, con sus primarias (para elegir a un candidato unitario presidencial en octubre próximo). No hay riesgo para su estadía en el poder”, resaltó.
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