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Biden aplaza proclama que prohíbe a embarcaciones de EE. UU. entrar en aguas cubanas


Eva Barba, madre de Pablo Morales (abajo a la derecha), uno de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por los MIG cubanos, muestra una foto de los cuatro pilotos fallecidos. Marcha por la libertad de Cuba en Miami, el jueves 2 de febrero de 2019.
Eva Barba, madre de Pablo Morales (abajo a la derecha), uno de los pilotos de Hermanos al Rescate derribados por los MIG cubanos, muestra una foto de los cuatro pilotos fallecidos. Marcha por la libertad de Cuba en Miami, el jueves 2 de febrero de 2019.

La proclama regula de manera especial la entrada de embarcaciones resgistradas en EE. UU. en aguas cubanas.

A 26 años de que aviones caza del ejército de Cuba derribaran dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate (HAR), una organización que ayudaba a los cubanos que escapaban de la isla por el mar, el gobierno estadounidense ha vuelto a prorrogar una proclama de emergencia firmada a partir de ese hecho en 1996.

La proclama impide que, sin autorización previa, cualquier embarcación registrada en Estados Unidos ingrese en aguas territoriales cubanas. La misma ha sido ampliada en varias ocasiones, incluso para negar apoyo monetario y material al gobierno cubano.

“Continúo con la emergencia nacional con respecto a Cuba y la autoridad de emergencia relacionada con la regulación del fondeadero y movimiento de embarcaciones establecida en la Proclamación 6867”, declaró el presidente Joe Biden el miércoles.

“El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba”, señala el documento enviado al Congreso para su aprobación.

"La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos a aguas territoriales cubanas continúa siendo perjudicial para la política exterior de Estados Unidos porque tal entrada podría facilitar una migración masiva desde Cuba", agrega el texto.

Exiliados cubanos integrados al Movimiento Democracia, que lidera en Miami Ramón Saúl Sánchez, han realizado en distintas ocasiones incursiones por mar hasta situarse frente a las aguas cubanas para protestar por la muerte de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate y por la violación a los derechos humanos en la isla.

El derribo de las aeronaves

El 24 de febrero de 1996, aviones cazas MIG-29 de la fuerza aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, un grupo del exilio cubano con sede en Miami fundado por el disidente José Basulto que regularemente avisaba a la Guardia Costera de EE. UU. de la llegada de balseros de la isla.

En el hecho murieron los pilotos estadounidenses de origen cubano Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales, cubano con residencia en EE. UU.

El gobierno de Cuba, entonces bajo el mandato de Fidel Castro, alegó que las avionetas sobrevolaban las aguas territoriales de la isla. Por su parte, HAR aseguró que los aviones se mantenían fuera del espacio aéreo cubano.

Como respuesta al hecho, la administración del entonces presidente Bill Clinton puso en vigor al siguiente mes la Ley Helms-Burton de 1996, para endurecer el embargo contra Cuba.

Condena a la Red Avispa

Como consecuencia del derribo de las aeronaves, una investigación del FBI y el Departamento de Justicia llevó a la condena por terrorismo en 1998 de los agentes de la inteligencia cubana Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González Sehwerert, que pertenecían a la llamada Red Avispa y que operaban en territorio estadounidense.

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Los cinco fueron condenados. René González cumplió 13 años en prisión y otros tres en libertad condicional y fue liberado en 2013. Fernando González salió en libertad en febrero de 2014, mientras que los tres restantes fueron liberados en un canje de prisioneros con Cuba bajo el mandato del entonces presidente Barack Obama.

El canje incluyó al oficial de la inteligencia estadounidense Rolando Sarraff Trujillo y al contratista de USAID Alan Gross.

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