El gobierno boliviano rechazó enérgicamente las supuestas conclusiones de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que busca desprestigiar la imagen de Evo Morales al involucrarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Bolivia en un comunicado acusa a la DEA de usar a Carlos Toro, un supuesto narcotraficante colombiano e informante de la agencia, quien acusa a allegados a Morales.
Según Toro, las investigaciones de la DEA incluían a un piloto presidencial, Walter Álvarez Agramonte, y al argentino Faustino Giménez, que trabajaría para el Gobierno boliviano y que es un supuesto amigo del vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
En el documento judicial de Toro también es mencionado el padre de García Linera, Raúl García, fallecido en 2011.
Ante estas declaraciones de Toro, el gobierno boliviano señaló que ninguna de las tres personas nombradas ha estado alguna vez bajo sospecha, menos investigada por delitos relacionados con el narcotráfico.
Esto sale a la luz ahora que Toro reclama a la DEA un resarcimiento de cinco millones de dólares argumentando que colaboró en investigaciones, entre ellas una referida a Bolivia, según una demanda presentada el pasado 8 de septiembre en la Corte Federal del Estado de Virginia.
Según el ministerio de Gobierno boliviano, Toro fue miembro del Cártel de Medellín y obtuvo el "perdón" de la justicia de Estados Unidos al convertirse en informante y agente encubierto de la DEA después de acogerse al programa de protección de testigos de esa agencia.
