La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares a María Patricia Arce Guzmán -alcaldesa del Municipio de Vinto, en Cochambamba, Bolivia- y sus hijos; así como medidas de protección a favor de Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga de la Defensoría del Pueblo en ese país.
En el caso de Arce Guzmán, la CIDH argumentó que las alertas surgen “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH explicó en sendos comunicados que se trata, en referencia a la señora alcaldesa, a solicitud que data del pasado 6 de noviembre, cuando la misma “fue interceptada y retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado y quemado dependencias de la Alcaldía que ella preside”.
En videos publicados en redes sociales se puede ver a Arce Guzmán con la ropa y el rostro pintados de rojo, retenida por encapuchados y en medio de una multitud que la abuchea.
El perdiódico boliviano La Razón reaccionó inmediatamente a la medida de la CIDH y colgó en su cuenta de Twitter una imagen de Arce Guzmán mientras ofrecía declaraciones a la prensa luego del suceso.
La organización regional de derechos humanos indica en la comunicación que el actual gobierno interino de Bolivia, presidido de manera temporal por Jeanine Áñez, “informó que abrió de oficio una investigación fiscal por los sucesos”.
La Comisión informó que aún con lo sucedido la alcaldesa Arce decidió no establecer “ningún esquema de protección” a partir de entonces.
La entidad panamericana “entiende razonable que [Arce Guzmán] enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o sería posible blanco de ataques”.
Finalmente el organismo señaló que “de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Bolivia que: adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maria Patricia Arce Guzmán, y sus hijos, incluyendo la protección a sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros”.
Defensores del pueblo “en peligro”
En comunicado del mismo viernes, la CIDH otorgó medidas de protección a Nadia Alejandra Cruz Tarifa y Nelson Marcelo Cox Mayorga, de la Defensoría del Pueblo en Bolivia.
En los casos particulares de Cox Mayorga, Delegado Departamental Defensorial de Cochabamba; y Alejandra Cruz, la Comisión informó que las oficinas de esas dependencias “fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas”, lo que les ha impedido desarrollar su labor debidamente.
Bolivia vivió momentos de tensión y choques violentos, principalmente a partir del 20 de octubre de 2019, cuando la Comisión Electoral decidió detener el conteo rápido de los votos, en unas elecciones presidenciales que enfrentaban al oficialista y entonces presidente Evo Morales, y Carlos Mas.
Las protestas subieron de tono y dejaron más de una treintena de muertos. Morales fue conminado por los militares a abandonar el poder y salió del país hacia México, donde recibió asilo político.
Una comisión de la OEA visitó Bolivia y en un trabajo de varios días detectó “graves irregularidades” en el proceso electoral y denunció que el gobierno de Morales incurrió en fraude.
Evo Morales dejó México rumbo a La Habana, Cuba, el 7 de diciembre pasado y días después se residió en Argentina, en donde el presidente electo Alberto Fernández lo recibió como refugiado.
“El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado”, explica la CIDH, no constituyen un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”.
(Redactado por Luis Felipe Rojas/VOA)
