Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde aumentan las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, en detención preventiva acusado de terrorismo, conspiración y sedición por hechos ocurridos en 2019.
La esposa del líder opositor, Fátima Jordán, quien participó en una masiva movilización de mujeres expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
“Su vida corre peligro (…) Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo vamos a permitir”, dijo Jordán.
El abogado de Camacho, Carlos Ledezma, pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece de una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis muscular.
Según Ledezma “es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital”.
Por otro lado, el gobierno denunció “injerencia” después de conocerse la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
“Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país en los asuntos internos (…) Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España por la conducta de estos diputados”, expresó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.
Desde su encarcelamiento, Camacho culpó en una carta al presidente Luis Arce de cualquier cosa que pueda sucederle en prisión.
“Ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido: Luis Arce Catacora”, denunció el gobernador de Santa Cruz.
En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada.
Camacho, principal opositor del gobierno de Arce y quien lideró hace un mes un paro de 36 días por demandas políticas, fue detenido el pasado 28 de diciembre en un operativo policial.
Posteriormente, fue llevado a un penal en las afueras de La Paz para cumplir cuatro meses de detención preventiva por cargos de terrorismo relacionados con su participación en la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones consideradas como fraudulentas.
Morales alega que fue víctima de un golpe de Estado de la derecha tras las elecciones de 2019 en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo, pero la oposición sostiene que fue una rebelión popular ante el fraude que derivó en una sucesión constitucional tras la renuncia de Morales.
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