A las afueras de Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, la autopista empieza a parecerse a un estacionamiento con decenas de camiones cargados de mercancías parados en una larga fila mientras sus agotados conductores esperan a un lado de la vía. De las ventanillas de algunos cuelga ropa mojada.
Los vehículos no pueden avanzar debido a los grandes montículos de arena apilados sobre la carretera a su paso por la localidad de San Carlos, a 110 kilómetros de Santa Cruz. Por entre los montículos solo circulan las motocicletas que llevan pasajeros.
“Esta medida es para hacerle notar al gobierno que sin Santa Cruz no pueden vivir”, dijo Micol Paz, un activista de 32 años de Creemos, el partido del gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Camacho, el líder opositor más destacado del país, fue detenido en diciembre por cargos de terrorismo, lo que desencadenó una serie de protestas en esta región oriental, que es el motor económico y el centro agrícola de Bolivia.
Los cortes de carreteras para reclamar su liberación, como el de San Carlos, han sembrado el caos en la cadena de distribución, dispararon los precios y agravaron las tensiones entre el gobierno izquierdista en la capital, La Paz, y la oposición de derechas en Santa Cruz.
El arresto de Camacho deriva de las movilizaciones que provocaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. El partido de Morales, que ha regresado al poder, acusa al gobernador de orquestar unas protestas que califica de golpe de Estado. Esos disturbios causaron 37 muertos.
Los partidarios de Camacho sostienen que las protestas fueron una respuesta legítima a unas elecciones fraudulentas que trataban de mantener a Morales en el poder y que su detención equivale a un secuestro.
El gobernador, que quedó tercero en los comicios presidenciales de 2020, está en una prisión de máxima seguridad a las afueras de La Paz luego de que un juez ordenó su detención preventiva por cuatro meses, coincidiendo con la fiscalía en que existía riesgo de fuga.
Atrapados en el medio de la disputa están los camioneros y los consumidores afectados por el aumento de los precios.
Santa Cruz juega un papel clave en la economía boliviana: representa alrededor de un tercio de su actividad económica y produce el 70 % de los alimentos del país.
“Santa Cruz es un bastión fundamental para la economía boliviana, es por eso que cuando Santa Cruz mide fuerzas con el gobierno lo puede hacer”, apuntó Jaime Dunn, un analista económico en La Paz.
Es difícil cuantificar el efecto económico directo que tienen las movilizaciones, en parte porque algunos camiones logran eludir los bloqueos.
Sin embargo, en los mercados de la capital, los clientes escasean. El precio del pollo se ha disparado un 29 % mientras que el de la carne de res aumentó un 8 % desde el inicio del bloqueo, según Marina Quisbert, líder de una agrupación de carniceros del Mercado Rodríguez.
“Hasta las verduras han subido. Si antes usaba 100 pesos, ahora tengo que usar 120”, aseguró Rubén Mendoza, un maestro retirado de 65 años.
El gobierno del presidente izquierdista Luis Arce ha restado importancia a las repercusiones económicas del bloqueo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo a los periodistas esta semana que los precios se han incrementado debido a la “especulación”.
En pleno debate sobre las consecuencias económicas de las protestas, miles de personas salieron a las calles en las capitales de ocho de las nueve regiones del país el martes para exigir la puesta en libertad de Camacho y de otros líderes opositores encarcelados, y también hubo contra movilizaciones más pequeñas en favor de su arresto.
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