Miles de bolivianos se concentraron este miércoles frente a la embajada de EE.UU.en La Paz para expresar su rechazo a la decisión de Washington de no extraditar el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien se acusa en su país de la muerte de decenas de manifestantes.
Alrededor de 300 policías acordonaron la legación diplomática para protegerla de los manifestantes, que durante media hora pidieron a gritos la extradición de Sánchez de Lozada y lanzaron petardos contra la fachada de la embajada, sin que se registraran graves incidentes.
Entre los manifestantes había familiares de las víctimas y miles de vecinos de la ciudad de El Alto donde tuvieron lugar más de 60 muertes atribuidas al expresidente durante la represión de una protesta popular en octubre de 2003 tras la cual Sánchez de Lozada dimitió y se refugió en Estados Unidos junto a dos de sus ministros.
Los disturbios en esa fecha fueron desencadenados por el rechazo de parte de organizaciones sociales a la decisión del entonces presidente de exportar gas a EE.UU. a través de un puerto de Chile.
Con posterioridad, la justicia boliviana enjuició por genocidio al expresidente a 17 ministros y a cinco altos jefes militares, que terminaron siendo sentenciados a penas de hasta 15 años de cárcel, pero el proceso quedó en suspenso para los acusados ausentes quienes fueron declarados en rebeldía.
En septiembre pasado el Departamento de Estado dio a conocer a las autoridades bolivianas su negativa a extraditar al expresidente. El gobierno de Bolivia también reclama a EE.UU. la extradición de los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague.
La protesta de este miércoles ocurre poco después de que el mandatario boliviano, Evo Morales, dijo que tener relaciones con EE.UU. es “una caca” y al día siguiente de que propuso que el 17 de octubre, fecha en que ocurrieron los disturbios reprimidos por la fuerza pública, sea declarado “Día de la Dignidad Nacional”.
Los abogados del expresidente Sánchez de Lozada sostienen que el proceso judicial en su contra ha estado viciado por motivos políticos y que su gobierno fue objeto de una trampa que le tendió entonces el propio Evo Morales, a quien se le atribuye haber incitatado a las revueltas.
Alrededor de 300 policías acordonaron la legación diplomática para protegerla de los manifestantes, que durante media hora pidieron a gritos la extradición de Sánchez de Lozada y lanzaron petardos contra la fachada de la embajada, sin que se registraran graves incidentes.
Entre los manifestantes había familiares de las víctimas y miles de vecinos de la ciudad de El Alto donde tuvieron lugar más de 60 muertes atribuidas al expresidente durante la represión de una protesta popular en octubre de 2003 tras la cual Sánchez de Lozada dimitió y se refugió en Estados Unidos junto a dos de sus ministros.
Los disturbios en esa fecha fueron desencadenados por el rechazo de parte de organizaciones sociales a la decisión del entonces presidente de exportar gas a EE.UU. a través de un puerto de Chile.
Con posterioridad, la justicia boliviana enjuició por genocidio al expresidente a 17 ministros y a cinco altos jefes militares, que terminaron siendo sentenciados a penas de hasta 15 años de cárcel, pero el proceso quedó en suspenso para los acusados ausentes quienes fueron declarados en rebeldía.
En septiembre pasado el Departamento de Estado dio a conocer a las autoridades bolivianas su negativa a extraditar al expresidente. El gobierno de Bolivia también reclama a EE.UU. la extradición de los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague.
La protesta de este miércoles ocurre poco después de que el mandatario boliviano, Evo Morales, dijo que tener relaciones con EE.UU. es “una caca” y al día siguiente de que propuso que el 17 de octubre, fecha en que ocurrieron los disturbios reprimidos por la fuerza pública, sea declarado “Día de la Dignidad Nacional”.
Los abogados del expresidente Sánchez de Lozada sostienen que el proceso judicial en su contra ha estado viciado por motivos políticos y que su gobierno fue objeto de una trampa que le tendió entonces el propio Evo Morales, a quien se le atribuye haber incitatado a las revueltas.
