El Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció el jueves a 17 años de cárcel a uno de los involucrados en el asalto a edificios del gobierno el pasado 8 de enero como parte de un presunto intento para restaurar en el poder al expresidente Jair Bolsonaro.
Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, es el primero de varios alzados en ser procesado por el hecho. La policía lo arrestó el mismo 8 de enero.
Ese día, cámaras del Senado lo captaron vistiendo una camiseta que pedía un golpe militar y grabando un video de sí mismo y otros que también irrumpieron en el edificio. Casi 1.500 personas fueron detenidas ese día, aunque la mayoría han sido puestas en libertad.
La mayoría de los 11 magistrados fallaron que Pereira cometió cinco delitos: asociación criminal, intento de golpe de Estado, ataque violento contra el Estado de Derecho, daño cualificado y destrucción de bienes públicos.
Pereira negó haber cometido ilegalidad alguna y afirmó que solo participó en una manifestación pacífica con personas sin armas.
Los alzados se negaron a aceptar la derrota de Bolsonaro ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, cuya toma de posesión tuvo lugar una semana antes del alzamiento. Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, derrotó a Bolsonaro por el margen más estrecho en la historia moderna de Brasil.
Las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial fueron invadidas por los alzados. Saltaron barreras de seguridad, se montaron en techos, reventaron ventanas e invadieron los tres edificios, que estaban mayormente vacíos el fin de semana del suceso.
Parte de la parcialización política de Brasil quedó de manifiesto en la sesión de la máxima corte el jueves, cuando los dos jueces designados por Bolsonaro se negaron a condenar al acusado por los cinco cargos y presionaron para que se dictaran sentencias leves.
Uno de ellos emitió comentarios que otros jueces interpretaron como que sugerían que la administración de Lula podría haber bajado la guardia intencionalmente el día en que los edificios gubernamentales fueron vandalizados, y rechazó tales afirmaciones.
“Hay muchas preguntas sin respuesta”, afirmó el juez André Mendonça. “No puedo entender cómo el palacio presidencial fue invadido de la forma en que lo fue”.
El juez Alexandre de Moraes respondió: “Vienes al pleno del Supremo Tribunal que fue destruido y dices que hubo una conspiración del gobierno contra sí mismo. Perdónanos”.
Lula ha acusado a Bolsonaro de alentar el alzamiento, como han hecho otros críticos del expresidente, y la fiscalía investiga su rol en la incitación de los hechos. El exmandatario niega haber cometido ilegalidad alguna.
El alzamiento recordó al ocurrido en Washington el 6 de enero de 2021 encabezado por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump. Varios políticos habían advertido sobre la posibilidad de que ocurriera algo semejante en Brasil, dado que Bolsonaro había sembrado dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral, aunque no presentó pruebas.
Al votar el jueves, el juez Cristiano Zanin dijo que los participantes en los disturbios de Brasilia se vieron arrastrados por el momento.
“Los miembros de la mafia comenzaron a tener una enorme influencia sobre los demás, lo que provocó que muchos copiaran las acciones de otros”, dijo.
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