Antônio Luis Durão forma parte de una pequeña minoría en Brasil: Es un votante indeciso apenas a unas semanas de las elecciones presidenciales.
Si hubiera votado hace un año, este productor de fruta habría apoyado a Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente izquierdista que gobernó entre 2003 y 2010. En ese periodo, el gobierno de Lula le concedió a Durão algunos derechos para explotar un terreno de 26 hectáreas (64 acres) en Porangatu, en el estado central de Goias.
Pero el mes pasado, Durão recibió por fin un título para ese mismo terreno que le convertirá en propietario pleno, con derecho a vender, aunque después de 10 años. También le permitirá pedir un préstamo de un banco estatal, y espera financiar un tractor. También estudia recompensar al actual mandatario, Jair Bolsonaro, con su voto.
“Llegué aquí en los años de Lula y estoy agradecido, pero no había nada. Creo que este documento mejorará las cosas para mí”, dijo a The Associated Press por teléfono. “Uno me dio acceso hace 14 años, el otro abre mi camino hacia el futuro”.
La concesión a Durão forma parte del programa Título Brasil del presidente, que aspira a dar derechos de propiedad a unas 340.000 personas que ahora viven en tierras o bien del estado o bien privadas pero que no tenían uso. El líder ultraderechista, que está rezagado en las encuestas de intención de voto, espera que también ayude a mejorar sus opciones de reelección.
Bolsonaro ha descrito a menudo el programa como una forma de resolver viejas rencillas, crear certidumbre legal y debilitar al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, un grupo izquierdista y aliado clave de Lula, que desde hace años organiza ocupaciones de lo que considera terrenos vacíos o sin uso, aunque se han hecho menos ocupaciones en los últimos años.
Es una estrategia parcial y de libre mercado para la reforma agraria en un enorme país que ha visto grandes desigualdades en la distribución de tierras desde la época colonia, con grandes extensiones en manos de unos pocos terratenientes y corporaciones mientras millones de personas trabajan pequeños terrenos sobre los que tienen poco o ningún derecho legal.
Los procesos de Título Brasil suelen comenzar con alcaldes rurales que acuden al gobierno federal en nombre de campesinos locales. Las solicitudes se revisan en comisiones locales formadas por autoridades y agricultores de la zona. Sólo pueden optar los que ya se registraron en programas anteriores de reforma agraria.
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), un organismo oficial, señal que por el momento 733 de los más de 5.500 municipios brasileños han llegado a acuerdos para trabajar con el programa de títulos, aunque muchos aún no han distribuido documentos nuevos. AP contactó con 17 municipios mencionados por Incra como participantes, pero sólo dos tenían el programa en marcha y ofrecieron contactos de agricultores beneficiados.
Los adversarios de Bolsonaro afirman que el programa es un truco que se desvanecerá en cuanto pasen los comicios. Aunque se anunció poco después de que el mandatario asumiera el cargo en 2019, la mayor parte de su actividad parece haberse producido en los últimos meses.
También señalan que los solicitantes no tendrán la propiedad plena hasta una revisión final en 10 años, y cuestionan que vaya a resolver el problema de la distribución desigual de tierras, ya que es probable que los terrenos pequeños acaben vendidos a grandes terratenientes en el futuro.
“Estos son títulos provisionales”, dijo Alexandre Conceição, uno de los líderes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. El gobierno, señaló, “quiere desestabilizar cualquier intento de liderar una reforma agraria en Brasil, ahora en el futuro”.
El presidente alega que sus rivales se oponen a la medida porque temen que debilite al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, al que tacha de organización terrorista. Bolsonaro es un firme defensor de la industria agraria y suele recalcar el derecho a la propiedad privada.
“Con el título, ustedes tienen acceso a crédito, aumentan el valor de su propiedad, se convierten en auténticos ciudadanos”, dijo Bolsonaro en abril a una multitud en el estado de Goias. “Ya no están en manos de los que les utilizaban como tropas para invadir propiedades.
Un sondeo de Datafolha del 1 de septiembre determinó que el 46% de los encuestados en zonas rurales pensaban votar a Lula, mientras que el 33% estaban del lado del presidente. Hace cuatro años, en la segunda vuelta contra el izquierdista Fernando Haddad, Bolsonaro tenía un 36% de apoyos en el mismo sondeo frente al 24% de su rival. El margen de error en las dos encuestas era de dos puntos porcentuales.
Rodrigo Sá Motta, profesor de historia de la Universidad Federal de Minas Gerais, dijo que la estrategia del gobierno facilita el acceso a crédito “pero no avanza en regularización y distribución de tierras, que es la esencia de la reforma agraria”. Eso se debe a que no impulsa la redistribución de tierras a campesinos pobres, sólo amplía los derechos legales de personas que ya ocupan explotaciones pequeñas.
“Es más retórica para decir que están haciendo algo, que el gobierno no está parado”, añadió.
El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil dice que unas 90.000 familias aún buscan tierras para cosechar, y muy pocos de ellos conseguirán nada de Título Brasil.
Pero el programa parece ser atractivo para los votantes rurales.
Otra beneficiaria del plan dijo a AP que había esperado años hasta conseguir por fin los derechos para cultivar un terreno durante el gobierno de Dilma Roussef, aliada y sucesora de Lula. Va a recibir un título durante el mandato de Bolsonaro y piensa votarle, aunque habló bajo condición de anonimato porque creía que su familia no compartiría su punto de vista.
“No me gusta mucho de lo que hizo Bolsonaro, no me gusta cómo se expresa, pero es verdad que veo un futuro mejor para mi familia y para mí por su apoyo a la agricultura”, dijo por teléfono. “Creo que es importante ser agradecido”.
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