Miles de brasileños que salieron el lunes a las calles de Río de Janeiro y Sao Pablo denunciaron el asalto del domingo a las instalaciones del Estado en Brasilia por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro con gritos y carteles de “¡Amnistía no! ¡Amnistía no! ¡Amnistía no!”.
El lema es una exigencia de que se castigue a los agresores y los que permitieron el ataque, y fueron una referencia a una ley de amnistía que ha protegido durante décadas a militares acusados de abusos y asesinatos durante la dictadura en Brasil de 1964 a 1985.
“Estas personas deben ser castigadas, las personas que lo ordenaron deben ser castigadas, los que dieron dinero para ello deben ser castigadas”, dijo Bety Amin, una terapeuta de 61 años, en el principal bulevar de Sao Paulo.
Vestida con una camiseta que llevaba escrita la palabra “DEMOCRACIA”, Bety afirmó que “no representan a Brasil. Nosotros representamos a Brasil”.
En Fotos | Partidarios de Bolsonaro asaltan en Brasilia los tres poderes
Evitar las sanciones “puede evitar tensiones en el momento, pero perpetúa la inestabilidad”, dijo Luis Felipe Miguel, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia, en una columna titulada “Amnistía no” y publicada el lunes por la tarde.
“Esa es la lección que deberíamos haber aprendido del final de la dictadura militar, cuando Brasil optó por no castigar a los asesinos y torturadores del régimen”, dijo.
La policía brasileña ya había detenido el lunes a unos 1.500 alborotadores, algunos de ellos en pleno acto de destrozar el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Brasil, aunque la mayoría fueron detenidos a la mañana siguiente en un campamento en Brasilia.
Muchos pasaron el día retenidos en un gimnasio, y videos compartidos en canales de medios sociales afines a Bolsonaro mostraban a algunos quejándose del pobre trato que recibían en un espacio abarrotado.
La Policía Federal tiene previsto presentar cargos contra al menos 1.000 personas y ha empezado a trasladar a algunas a la cercana prisión de Papuda, según la oficina de prensa de la policía.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dice que eso es sólo el principio.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, prometió procesar por delitos como crimen organizado, intento de golpe de estado y abolición violenta del estado de Derecho democrático a las personas que actuaron entre bambalinas para convocar a partidarios en medios sociales y financiar su traslado.
También dijo que las autoridades investigarán las acusaciones de que personal local de seguridad permitió que la destrucción continuara sin trabas.
“No podemos y no haremos concesiones en completar nuestros deberes legales”, dijo Dino. “Es esencial para que estos actos no se repitan”.
Lula firmó un decreto el domingo que ordena que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en la capital. Fue aprobado el lunes por la cámara baja del Congreso y ahora pasará al Senado.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
