Las condenas por corrupción emitidas por la justicia brasileña contra dirigentes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y un ex ministro que fue la mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva tras asumir el poder en Brasil en enero de 2003, dejan inevitablemente un paréntesis abierto en el legado político del expresidente.
En un juicio sin precedentes en la historia del país, La Corte Surpema brasileña halló culpables de corrupción entre otros el exjefe de gabinete del mandatario, José Dirceu, así como el expresidente del PT, José Genoino y el extesorero, Delubio Soares, por un soborno a legisladores que en el 2005 estremeció los cimientos del gobierno de Lula.
El escándalo conocido como mensalão (gran sueldo) se derivó de una trama ilegal en virtud de la cual parlamentarios aliados recibían “mensualidades” a cambio de votos en el Congreso, una operación que según el fallo de los magistrados de la Corte dirigió Dirceu, declarado visto para sentencia por asociación para delinquir y corrupción activa.
De acuerdo con el sumario de la causa, luego de ganar las elecciones de 2002, el PT tejió una red de corruptelas que en buena medida utilizó dinero público para financiar ilegalmente campañas y además sobornar a diputados y dirigentes políticos, con la intención de otorgar en la práctica al partido la mayoría parlamentaria no había logrado alcanzar en los comicios.
Durante más de dos meses, el máximo tribunal buscó determinar la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del PT y empresarios complotados para comprar apoyo político a favor del gobierno, y al final del proceso declaró culpables a un total de 25 acusados y absolvió a 12.
La primera sentencia emitida por la corte ha sido contra el empresario Marcos Valerio, dueño de la empresa de publicidad SPM&B y calificado como el principal ejecutor material del mensalão, quien recibió una condena de 40 años de prisión y deberá pagar una multa de un millón 400 mil dólares.
El resto de las sentencias contra los miembros de la red de corrupción más escandalosa puesta al descubierto en Brasil serán emitidas en las próximas semanas y prometen ser todas severas, incluso la de Dirceu, quien ha dicho haber sido víctima de un “linchamiento” político y de que ni siquiera se le haya concedido el beneficio de la presunción de inocencia.
La mayor inquietud del PT, que fue fundado por el propio Lula en 1980, es que las condenas contra los principales políticos que contribuyeron a que el partido obtuviera un poder que todavía conserva puedan a la larga minar el arraigo y la popularidad lograda por la agrupación en la última década.
Aunque el empresario Valerio declaró el mes pasado que él sólo era un “mensajero de lujo” en la trama y que “todo lo que hacía era del conocimiento de Lula”, la fiscalía nunca incluyó en la causa al expresidente, quien desde el principio guardó distancias del escándalo y aseguró que no sabía nada del asunto.
La oposición brasileña dice que el exmandatario debía haber sido juzgado por el mensalão pero Lula alega que ya él fue absuelto en las urnas cuando fue reelecto en 2006, cuando dejó el poder con una popularidad récord de 80 por ciento, y cuando su heredera política y sucesora, Dilma Rousseff, fue electa presidenta. El tiempo dirá quién tiene la razón.
En un juicio sin precedentes en la historia del país, La Corte Surpema brasileña halló culpables de corrupción entre otros el exjefe de gabinete del mandatario, José Dirceu, así como el expresidente del PT, José Genoino y el extesorero, Delubio Soares, por un soborno a legisladores que en el 2005 estremeció los cimientos del gobierno de Lula.
El escándalo conocido como mensalão (gran sueldo) se derivó de una trama ilegal en virtud de la cual parlamentarios aliados recibían “mensualidades” a cambio de votos en el Congreso, una operación que según el fallo de los magistrados de la Corte dirigió Dirceu, declarado visto para sentencia por asociación para delinquir y corrupción activa.
De acuerdo con el sumario de la causa, luego de ganar las elecciones de 2002, el PT tejió una red de corruptelas que en buena medida utilizó dinero público para financiar ilegalmente campañas y además sobornar a diputados y dirigentes políticos, con la intención de otorgar en la práctica al partido la mayoría parlamentaria no había logrado alcanzar en los comicios.
Durante más de dos meses, el máximo tribunal buscó determinar la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del PT y empresarios complotados para comprar apoyo político a favor del gobierno, y al final del proceso declaró culpables a un total de 25 acusados y absolvió a 12.
La primera sentencia emitida por la corte ha sido contra el empresario Marcos Valerio, dueño de la empresa de publicidad SPM&B y calificado como el principal ejecutor material del mensalão, quien recibió una condena de 40 años de prisión y deberá pagar una multa de un millón 400 mil dólares.
El resto de las sentencias contra los miembros de la red de corrupción más escandalosa puesta al descubierto en Brasil serán emitidas en las próximas semanas y prometen ser todas severas, incluso la de Dirceu, quien ha dicho haber sido víctima de un “linchamiento” político y de que ni siquiera se le haya concedido el beneficio de la presunción de inocencia.
La mayor inquietud del PT, que fue fundado por el propio Lula en 1980, es que las condenas contra los principales políticos que contribuyeron a que el partido obtuviera un poder que todavía conserva puedan a la larga minar el arraigo y la popularidad lograda por la agrupación en la última década.
Aunque el empresario Valerio declaró el mes pasado que él sólo era un “mensajero de lujo” en la trama y que “todo lo que hacía era del conocimiento de Lula”, la fiscalía nunca incluyó en la causa al expresidente, quien desde el principio guardó distancias del escándalo y aseguró que no sabía nada del asunto.
La oposición brasileña dice que el exmandatario debía haber sido juzgado por el mensalão pero Lula alega que ya él fue absuelto en las urnas cuando fue reelecto en 2006, cuando dejó el poder con una popularidad récord de 80 por ciento, y cuando su heredera política y sucesora, Dilma Rousseff, fue electa presidenta. El tiempo dirá quién tiene la razón.
