Una cadena de hechos violentos en los últimos días en Ecuador con el asesinato el domingo del alcalde de la tercera ciudad del país, una nueva matanza durante el fin de semana en la cárcel más peligrosa del país y una secuencia de atentados el martes en una ciudad del norte del país llevaron al gobierno de Guillermo Lasso a decretar dos estados de excepción, el último de ellos sobre todas las cárceles del país.
El país sudamericano, que lleva inmerso más de dos años en un repunte aún irrefrenable de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir desde el fin de semana una cadena de ataques que acrecientan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.
El martes, el gobierno ecuatoriano emitió un estado de excepción en un intento de recuperar el control sobre el sistema carcelario que se declaró en huelga el lunes con la retención de casi un centenar de guardias penitenciarios -ya fueron liberados, según se informó el martes por la tarde- y que en los últimos días ha presentado nuevos enfrentamientos entre presos con muertos.
Paralelamente, en la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluyó también un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un autobús y un vehículo particular por parte de desconocidos.
Adicional, unidades militares desactivaron explosivos dejados en diversas gasolineras de Esmeraldas, una de las más violentas del país, y donde en abril un grupo armado de desconocidos acribilló a pescadores y compradores de un puerto artesanal, dejando un saldo de nueve muertos y varios heridos.
Para hacer frente este repunte de la violencia, el gobierno declaró el el lunes un primer estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos y Manabí. En esta última fue asesinado a balazos Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta, la tercera más grande del país. Con la excepción, se reduce el derecho a la reunión, información y otras libertades.
En un segundo estado de excepción, decretado por el presidente el martes con enfoque especial para el sistema penitenciario, se incluyen datos de un informe policial que achaca la situación de violencia a la ruptura de una alianza entre grupos criminales.
“Se registró la ruptura de la alianza delictiva que mantenían los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, lo que llevó a que estos grupos se mantienen en una actitud hostil desencadenando enfrentamientos”, recoge el decreto presidencial, en donde además se reconoce que “la falta de equipamiento y armamento (de la policía) y el poder de fuego de las personas privadas de libertad constituye una vulnerabilidad y un peligro para nuestros servidores”.
Dentro de la cárcel, los presos disponen de armas blancas, armas de fuego de corto y largo alcance, de artefactos explosivos e incluso granadas, según el reporte policial citado en el decreto. De ahí, que el gobierno ordenara el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para intentar recobrar el control interno.
Los Lobos, de acuerdo con informes policiales, operan en las provincias costeras y ciudades portuarias en estrecha relación con el grupo mexicano Jalisco Nueva Generación, al que también sirve la banda de los Tiguerones que controlan especialmente la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, donde operan junto a grupos de narcotraficantes de ese país.
El enfrentamiento armado desde el sábado entre presos en la Penitenciaría de Guayaquil, la más grande y peligrosa del país, rebasó el control de los guardias penitenciarios y llevó a las autoridades a movilizar al interior de las cárceles a unos 2.700 efectivos, entre policías y militares. El saldo preliminar de los incidentes dejó 18 presos muertos y 11 heridos, entre ellos un policía.
En horas de la tarde, durante la intervención militar en uno de los pabellones donde se encuentran los reclusos de las bandas organizadas, se decomisaron nueve fusiles, un lanzagranadas, cuatro pistolas, dos revólver y 1.000 municiones para fusil calibre 5.56 mm.
El ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, informó de la intervención con grupos tácticos y aseguró que han logrado tomar el control de tres pabellones de la Penitenciaría donde no ha habido resistencia de los presos “por la forma en que se ingresó, con detonaciones controladas”.
Señaló que una vez que estén sometidos todos los pabellones, ingresarán las unidades de criminalística para verificar “efectivamente cuántos fallecidos tenemos... De los reportes y lo que se puede apreciar, existe mal olor” de presuntas nuevas víctimas especialmente en el pabellón 8. “No vamos a salir hasta que se complete todo el trabajo”, agregó.
La Penitenciaría del Litoral, está ubicada en el interior de un complejo de prisiones en Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste de Quito. Es la ciudad que registra los mayores índices de violencia y asesinatos en el país, según las autoridades y el martes también registró saqueos y vehículos quemados. El centro de reclusión tiene capacidad para unos 9.500 reclusos, aunque se registra una sobrepoblación de unos 3.000 presos.
En un intento por reducir la violencia, las autoridades distribuyeron a los presos en los pabellones de acuerdo con su pertenencia a las bandas criminales, pero ello ha sido insuficiente para disminuir el nivel de confrontación.
Las 53 cárceles que tiene Ecuador cuentan con capacidad para albergar a 27.775 presos en total. No obstante, hay una sobrepoblación carcelaria de 3.604 reclusos, según el último censo.
