California será el primer estado en entregar pagos en efectivo a inmigrantes que viven sin autorización en el país y que han resultado perjudicados por la pandemia de coronavirus, ofreciendo 500 dólares a cada uno de los 150.000 adultos que no fueron incluidos en el paquete de estímulos por 2,2 billones de dólares que aprobó el Congreso de Estados Unidos.
Esta semana, muchos estadounidenses comenzaron a recibir cheques por 1.200 dólares, mientras que otros que están desempleados reciben 600 dólares adicionales a la semana por parte del gobierno, que les ha ordenado quedarse en casa, lo cual ha alterado profundamente lo que era una pujante economía.
Sin embargo, las personas que viven en el país de forma ilegal no están autorizadas a recibir una porción de ese dinero, y los activistas han estado presionando para que los estados cubran ese vacío. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el miércoles que asignará 75 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para crear un Fondo de Ayuda para Catástrofes para los inmigrantes que viven sin autorización en el país.
“Sentimos una profunda gratitud hacia las personas que tienen miedo de ser deportadas y de todas formas atienden las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos”, dijo el gobernador, quien resaltó que el 10% de la fuerza laboral del estado se compone de inmigrantes no autorizados para estar en el país y que pagaron más de 2.500 millones de dólares en impuestos locales y estatales el año pasado.
El líder de los republicanos en el Senado estatal, Shannon Grove, dijo que más bien Newsom debería gastar ese dinero en bancos de alimentos, equipo para que los estudiantes continúen con su educación vía internet y en los gobiernos locales que pasan apuros debido a la pérdida de ingresos.
“En lugar de cubrir estas necesidades urgentes, el gobernador Newsom ha elegido seguir irresponsablemente un camino de izquierda y aseguró unilateralmente 125 millones de dólares para los inmigrantes sin documentos”, afirmó Grove.
California tiene alrededor de dos millones de inmigrantes que están en el país sin autorización, la mayor cantidad de cualquier estado, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew.
Las autoridades estatales no decidirán quién recibirá el dinero. En lugar de ello, lo entregarán a una red de organizaciones sin fines de lucro regionales para que ellas detecten a los posibles recipientes. Los activistas dicen que eso es clave para hacer que el plan funcione, porque es improbable que los inmigrantes se pongan en contacto con el gobierno, ya que temen ser deportados.
“Necesitas usar organizaciones que tienen relaciones de confianza con estas familias”, comentó Jacqueline Martínez, directora general de la Latino Community Foundation.
Varias organizaciones de ayuda humanitaria se han comprometido a recaudar otros 50 millones de dólares para el fondo de donantes privados, lo que potencialmente ofrecería apoyos a otras 100.000 personas. Ese dinero tendrá menos limitaciones, lo que significa que las subvenciones podrían ser de más de 500 dólares o menos, dependiendo del costo de la vida donde radique el que las reciba.
Los organizadores comenzaron a recaudar dinero el viernes y ya llevaban más de seis millones, con contribuciones de los organismos Emerson Collective, Blue Shield of California Foundation, California Endowment, James Irvine Foundation, Chan Zuckerberg Initiative y un donante anónimo.
“Queremos que esto sea lo más equitativo posible y que beneficie a la mayor cantidad de gente posible”, dijo Daranee Petsod, presidenta de la organización Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees.
California ha sido el estado que ha tomado medidas más agresivas en el país en lo que respecta a otorgar prestaciones sociales a los inmigrantes que viven en el país sin autorización. El año pasado se convirtió en la primera entidad en otorgar servicios de salud financiados por los contribuyentes a los adultos de 25 años o menores que viven ilegalmente en el país. Newsom propuso este año expandir dichas prestaciones a los adultos mayores de 65 años o más.
Las medidas anunciadas el miércoles significan que el gobernador se ha comprometido a gastar más de 2.000 millones de dólares para enfrentar al coronavirus, una suma extraordinaria en poco más de un mes. Se tiene previsto que los legisladores estatales realicen el jueves su primera audiencia de supervisión sobre los gastos de Newsom.
En la mayoría de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, incluyendo neumonía, y la muerte.
California tiene más de 26.600 casos confirmados de COVID-19 y más de 850 fallecimientos, de acuerdo con información recopilada por la Universidad Johns Hopkins. Esas cifras son mucho menores que las de otros puntos álgidos por el virus en Estados Unidos, como Nueva York y Nueva Jersey, algo que las autoridades de salud pública atribuyen a la agresiva implementación de las autoridades estatales de las órdenes de distanciamiento físico y de permanecer en casa.
Desde mediados de marzo, 2,7 millones de californianos han solicitado los subsidios por desempleo, lo que representa más de la mitad de todas las solicitudes procesadas por el estado en 2019. El Departamento del Desarrollo del Empleo de la entidad se ha visto abrumado, lo que ha derivado en demoras para muchas personas que buscan la ayuda.
Newsom anunció el miércoles que el centro de atención telefónica ampliará su horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, siete días a la semana. Más de 1.300 empleados estatales han sido reasignados para ayudar a procesar las solicitudes. Y el gobernador señaló que el estado empezará a distribuir las prestaciones federales de desempleo para finales del mes a personas que generalmente no están autorizadas para recibirlas, incluidos los trabajadores independientes y de servicios por apps.
Por lo menos otros cinco estados ya están emitiendo esas prestaciones, lo que ha provocado críticas de algunos legisladores estatales.
“La gente de Sacramento está haciendo promesas, y las burocracias y tecnología le están fallando a la gente”, dijo el legislador republicano Jim Patterson.
