El colapso de los servicios públicos continúa afectando severamente la calidad de vida de los venezolanos. La mayoría vive con preocupación, bajo la sombra del apagón masivo de 2019, cargando baterías ante una eventual falla eléctrica, protegiendo sus artefactos ante los constantes “bajones”.
De hecho, el miércoles 23 de marzo en varios estados de Venezuela se reportó a través de redes sociales un fuerte “bajón” eléctrico.
El país, que según los especialistas hasta 2008 contó con uno de los mejores servicios de agua potable y sistema eléctrico de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión y la corrupción.
Manuel Guevara, ingeniero electricista y consultor en el sector eléctrico, sostiene que la crisis ha venido “evolucionando” y que se trata también de una crisis energética.
“La empresa eléctrica ha estado muy afectada por la crisis o la debacle de la producción petrolera, la refinación de hidrocarburo, porque se redujo el suministro de los combustibles fundamentales para las plantas de generación térmica”, dijo en un reciente foro organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.
El experto subrayó que en Venezuela el servicio eléctrico nunca “se ha sostenido con las tarifas” y siempre ha estado financiado por el Estado, que, tras una caída de 75 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde 1999, quedó sin recursos para financiarlo.
“Corpoelec es una empresa monopólica estatal que carece del suficiente personal profesional técnico-obrero calificado para atender tanto la operación como el mantenimiento y la expansión del sistema. Buena parte del personal se ha ido de la empresa por los sueldos que pagan”, destacó.
A su juicio, el país, que se encuentra “estancado en la precariedad”, ha retrocedido 20 años en términos de “lo que consumimos hoy, con respecto a lo que consumíamos en 1999”, y subraya la ausencia de información oficial desde hace unos 11 años.
Guevara apunta que en los últimos meses la empresa estatal eléctrica ha hecho “inversiones puntuales”, enfocadas en el sistema de transmisión, deteniendo la caída de la demanda máxima.
Pero coincide con otros especialistas que han analizado y presentado propuestas en que existe una solución sostenible, permanente y nacional, siempre y cuando sea integral, exista una participación protagónica del sector privado, asistencia técnica y financiera internacional, se capacite al personal y se descentralice el sector eléctrico.
“Esa integralidad implica cambios estructurales, cambios políticos, macroeconómicos, en la industria de los hidrocarburos; cambios legales en las leyes que rigen el servicio eléctrico y cambios en la estructura del sector eléctrico”, advirtió.
En varias ocasiones el Gobierno de Venezuela ha atribuido la situación a las sanciones internacionales, que le impiden acceder a repuestos y a presuntos sabotajes y ataques contra el sistema eléctrico.
Aixa López, representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones, que hasta la primera semana de marzo contabilizaba más de 400.000 fallas eléctricas desde 2019, lo considera un argumento “falso”.
“Usted puede sabotear un día, dos días, tres veces, pero ¿tres años de sabotaje continuo? Y ¿quién custodia el servicio eléctrico nacional?, lo custodia nuestra Fuerza Armada”, expuso en recientes declaraciones.
Esta semana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en 2021 el Estado recuperó el 22 % del sistema eléctrico del país.
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