El comité selecto de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 tiene previsto publicar su informe final el jueves, remitiendo al expresidente Donald Trump al Departamento de Justicia para una investigación penal y un posible enjuiciamiento por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020 en una elección ganada por el presidente Joe Biden.
Mientras el secretario de Justicia, Merrick Garland, considera si aceptar la recomendación, la Casa Blanca ha estado actuando con cuidado para evitar la apariencia de que está apuntando a un posible oponente político en las elecciones de 2024.
En numerosas ocasiones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha enfatizado que el Ejecutivo no politizará el proceso.
“Solo quiero tener mucho cuidado y remitirle al Departamento de Justicia sobre eso, porque esta administración y el Departamento de Justicia realizan investigaciones criminales de forma independiente, libres de interferencia política o de cualquier tipo”, dijo a principios de esta semana.
El informe, que será publicado apenas dos semanas antes del segundo aniversario de la toma del Capitolio por parte de los partidarios de Trump, culmina un capítulo sin precedentes en la historia de EEUU en el que un comité de legisladores, que incluía a dos republicanos, recomendó que el Departamento de Justicia persiga al menos cuatro cargos penales contra Trump relacionados con sus supuestos esfuerzos para evitar la transferencia pacífica del poder presidencial: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para hacer una declaración falsa e incitación, rebelión o insurrección.
"Ningún expresidente de Estados Unidos ha sido jamás acusado de conducta delictiva. Dado lo mucho que está en juego y la sensibilidad, sería prudente que la administración en este momento simplemente se hiciera a un lado, dijo a la Voz de América Peter Loge, director del Proyecto sobre Ética en la Comunicación Política de la Universidad George Washington.
“Lo mejor que puede hacer el presidente Biden es lo que está haciendo, es decir, ya sabes, el comité de la Cámara presentó un caso realmente convincente. A mi modo de ver está muy claro, estoy de acuerdo con sus conclusiones, tenemos que seguir defendiendo y promoviendo la democracia, y ahora le toca al Departamento de Justicia”, agregó Loge.
Hacer rendir cuentas a los responsables
El mes pasado, después de que un jurado en Washington condenara a dos miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers por cargos de conspiración sediciosa por delitos relacionados con el ataque al Capitolio, Garland dijo que el departamento continuará trabajando "para hacer rendir cuentas a los responsables de delitos relacionados con el ataque a nuestra democracia el 6 de enero de 2021".
Sin embargo, investigar a una figura tan pública y controvertida como Trump tiene claramente implicaciones políticas, especialmente después de su anuncio en noviembre de que será candidato a la presidencia en 2024.
La candidatura a la presidencia no protege a una persona de las investigaciones penales: Hillary Clinton, la oponente de Trump en 2016, fue investigada a partir de 2015 por su uso de un servidor de correo electrónico privado. Además, el Departamento de Justicia lleva meses realizando investigaciones relacionadas con el presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Florida, así como posibles intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020.
Aun así, los funcionarios deben extremar las precauciones para evitar incluso la apariencia de que la investigación del expresidente tiene motivaciones políticas.
Independencia del Departamento de Justicia
El fiscal general es designado por el presidente y confirmado por el Senado, pero el Departamento de Justicia tiene un grado de independencia derivado de las prácticas establecidas después del escándalo Watergate de 1974, cuando el presidente Richard Nixon intentó utilizar funcionarios del departamento para su agenda política, ordenando al fiscal general Elliot Richardson despedir al fiscal especial Archibald Cox. Richardson se negó y renunció. Nixon luego ordenó al fiscal general adjunto William Ruckelshaus que despidiera a Cox; Ruckelshaus se negó y también renunció.
También está la Ley de ética de 1978 en el gobierno que permite que las investigaciones sobre mala conducta operen independientemente del control presidencial, lo que proporcionó la base legal para que Garland nombrara al fiscal especial Jack Smith para dirigir las investigaciones de Trump en noviembre.
"Tal nombramiento subraya el compromiso del departamento tanto con la independencia como con la responsabilidad en asuntos particularmente delicados", dijo Garland.
Muchos republicanos, incluido Mike Pence, exvicepresidente de Trump, dicen que incluso con la investigación a cargo de un fiscal especial, el Departamento de Justicia no debería aceptar la recomendación del comité.
“Espero que no presenten cargos contra el expresidente”, dijo Pence en una entrevista con FOX News a principios de esta semana. “Creo que las acciones y palabras del presidente el 6 de enero fueron imprudentes, es criminal recibir malos consejos de los abogados. Así que espero que el Departamento de Justicia tenga cuidado”.
Otros observadores consideran, no obstante, que a pesar del riesgo de ampliar aún más las divisiones políticas, vale la pena realizar una investigación completa.
“Existe al menos la posibilidad de una independencia genuina del Departamento de Justicia y un enjuiciamiento cuidadoso emprendido contra un expresidente que en aspectos importantes fue anárquico, eso tendrá el efecto de apuntalar el Estado de derecho y proteger nuestra democracia”, dijo William Howell, profesor de política estadounidense en la Universidad de Chicago. “Esa es la apuesta que está haciendo el Departamento de Justicia”.
Howell dijo que no importa qué tan bien Smith lleve a cabo las investigaciones, cuánta evidencia descubra y qué tan cuidadosamente cumpla con la ley, él espera que Trump y sus seguidores se quejen.
Trump ya lo hizo. El mes pasado criticó el nombramiento de Smith y lo llamó una continuación de lo que él denomina la caza de brujas en su contra por parte de los demócratas.
“A lo largo de los años, he entregado millones y millones de páginas de documentos, declaraciones de impuestos y todo lo demás, y no han encontrado nada”, dijo Trump durante un discurso en Mar-a-Lago.
“Esto significa que he demostrado ser una de las personas más honestas e inocentes de nuestro país”, aseveró el expresidente.
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