El Gobierno de Costa Rica anunció que a principios del mes de octubre negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan de consolidación económica que contempla la introducción de cuatro nuevos impuestos que, de acuerdo con el Ejecutivo, pueden evitar una crisis y más desempleo tanto en el sector privado como público.
En un mensaje a la nación el jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pidió ayuda a todos los sectores del país, previamente a presentar al FMI la propuesta, denominada 'Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia'.
“Tenemos margen para evitar una crisis, tenemos que actuar y actuar rápidamente”, explicó Quesada, quien agregó que las medidas son tomadas a raíz de la pandemia y son necesarias.
“Necesitamos mantener la estabilidad económica y activar el empleo, para mejorar la situación del país generada por el COVID-19. Si no actuamos, el riesgo está en altas tasas de interés, en devaluación, en más desempleo privado y público y en pobreza, lo cual afectaría a todos y con particular gravedad a los más pobres. Por eso hay que actuar y hay que hacerlo con rapidez: la demora en esto nos saldría muy cara”, aseveró el presidente.
De acuerdo con información publicada por el periódico local La Nación la propuesta buscaría un financiamiento de unos 2.250 millones de dólares.
El mandatario costarricense dijo en su discurso que la propuesta para el FMI es balanceada y ha sido enriquecida con aportes de la ciudadanía. Además, ya fue presentada a las jefaturas de fracción legislativas.
Quesada ha dicho que busca repartir la carga económica y que aquellos sectores con más capacidad económica serán los que más apoyen. También explicó que no habrá aumento al Impuesto de Valor Agregado (IVA). Tampoco habrá impuesto de renta a los salarios menores a los 800.000 colones (unos 1.341 dólares), entre otros.
Denuncias
Inmediatamente después del anuncio del Gobierno, el sindicato de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) de Costa Rica, emitió un comunicado de prensa donde denunciaba que las medidas eran contraproducentes para la clase trabajadora del país.
Según el documento distribuido por ANDE, “el Gobierno pretende congelar los salarios de las personas trabajadoras del sector público mediante dos mecanismos. Primero, el no pago del ajuste por costo de vida de manera indefinida; y segundo, la eliminación del derecho a la anualidad por los próximos 4 años”.
Además, el sindicado dijo que entre los nuevos impuestos que se les trasladaría están: al salario escolar, por transacciones bancarias y aumento del impuesto al salario (renta).
(Con la colaboración de Armando Gómez)