El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se sumó a las quejas contra el Gobierno de Nicaragua, al decir el jueves que las autoridades nicaragüenses deben abandonar un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los comunicadores.
“El Congreso nicaragüense debería abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo”, exigió el CPJ en un comunicado.
En esta semana también Amnistía Internacional hizo una petición similar respecto las intenciones del poder legislativo en Nicaragua.
El proyecto de ley impondría sanciones penales para actos de espionaje en línea, el fraude, la transferencia de información clasificada y el intercambio de información falsa.
También, el artículo 30 del texto de la propuesta señala que los condenados por utilizar una computadora para publicar o difundir “información falsa y/o tergiversada, que provoque alarma, miedo, ansiedad en la población, o en un grupo o sector de la misma, en una persona o en su familia” podrían ser multados y condenados con hasta cuatro años de prisión.
Sin embargo, apunta el CPJ, “la legislación no describe cómo la información se consideraría falsa o tergiversada”.
“El Congreso de Nicaragua ha propuesto una legislación ambigua que deja un amplio espacio para que las autoridades criminalicen a los medios y periodistas independientes simplemente por hacer su trabajo”, dijo desde Nueva York Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Southwick precisó: “Los legisladores nicaragüenses deberían rechazar este proyecto de ley de delitos informáticos mal redactado y asegurarse de que cualquier legislación futura dirigida a combatir el delito no restrinja la libertad de prensa o el acceso a la información”.
Otra propuesta que está siendo estudiada establece que los medios de comunicación y periodistas que reciben fondos o pagos desde fuera de Nicaragua se registren como "agentes extranjeros", so pena de cárcel y multas.
El proyecto de ley se encuentra actualmente bajo revisión por comités en el Congreso, tras la cual se llevará a votación en la Cámara, donde el partido gobernante tiene la mayoría, luego el presidente Ortega tendrá vía libre para promulgarla.
Ni Gustavo Porras, presidente del Congreso de Nicaragua y miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ni Edwin Castro, quien encabeza la bancada del Congreso del partido, respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico, concluye el CPJ.
