La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptar medidas provisionales urgentes para proteger a líderes de la oposición en Nicaragua detenidos por el gobierno de Daniel Ortega.
La lista enviada a la Corte IDH incluye a Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera y sus núcleos familiares por encontrarse en una situación de extrema gravedad y ante la urgencia por irreparables daños a sus derechos por parte del estado nicaragüense.
La lista enviada por la CIDH a la Corte Interamericana no incluye a otras insignes figuras de la oposición cuya situación preocupa a organizaciones internacionales de derechos humanos. Entre estas se encuentran: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz y el periodista Miguel Mora; todos aspirantes a la presidencia por diferentes filiaciones.
La comisión explicó en un comunicado la razones para elevar la petición a su par la Corte IDH: “A pesar de la vigencia de medidas cautelares otorgadas a favor de las personas identificadas continúan en situación de riesgo que se incrementó en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país”.
La CIDH pide a la Corte Interamericana que emita a la brevedad posible el mandato para que el estado de Nicaragua asuma su compromiso de respetar la integridad física, que incluye permitir la atención médica, derecho a abogados, comunicación con sus familiares y medidas alternativas a la detención, como manda el marco jurídico internacional.
Las medidas provisionales emitidas por la Corte IDH con sede en Costa Rica tienen carácter vinculante, con lo que el estado nicaragüense estaría en obligación de cumplirlas a cabalidad por ser firmante de la Carta Interamericana.
En su petición a la Corte IDH, la comisión explica desde Washington que las personas de la lista para las que pide la protección están procesadas sólo por aspirar a su derecho de participar en las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua.
“Se destaca que las mismas son personalidades públicas, integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco; con un rol de liderazgo y visibilidad en contra de las medidas impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua desde abril de 2018, y se habrían manifestado en oposición a las acciones represivas estatales en contra de la población civil en el contexto de crisis de derechos humanos”, explica la CIDH.
También los integrantes de la lista han mostrado su abierto apoyo a que haya elecciones libres y democráticas en Nicaragua en igualdad de condiciones para todos los participantes como exige la comunidad internacional.
La comisión agrega que ha subido el peldaño más alto para garantizar la integridad de los líderes opositores, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera porque se ha incrementado el riesgo que afecta su vida e integridad en manos del gobierno sandinista.
“Existen indicios de arbitrariedad en la detención realizada en junio de 2021 relacionada con la utilización de un marco normativo que termina criminalizando a la oposición; además, no se cuenta con información concreta sobre sus condiciones actuales de detención o paradero exacto ni de las medidas efectivas para proteger sus derechos en riesgo ni las presuntas violaciones al debido proceso en sus causas”, agrega la CIDH.
Mandatos Corte IDH de obligatorio cumplimiento
La solicitud de urgencia enviada por la CIDH a la Corte Interamericana pone en evidencia la gravedad de la situación de los opositores detenidos en Nicaragua, explica a Voz de América Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica en Amnistía Internacional.
Agrega además que para que las Comisión pida a la Corte IDH medidas provisionales debe existir la previa resolución de medidas cautelares por parte de la CIDH a las personas que se debe proteger al estar en alto riesgo sus vidas, como en este caso.
La experta agrega que la CIDH ha expuesto que se desconoce el paradero de los detenidos lo que estaría indicando que se está ante un escenario de “desaparición forzosa”, que agrava la situación.
Un estudio realizado en 2011 por el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema Interamericano, del que formó parte la Fundación para el Debido Proceso, expone las diferencias entre la adopción de medidas cautelares y las medidas provisionales que dispone la Corte IDH.
Las medidas cautelares de la CIDH entran en el nivel de observancia al estado y en su mayoría hay disponibilidad de estos para corregir los fallos dentro de sus propios sistemas y adoptarlas.
No obstante, en casos contrarios la jurisprudencia de la Corte IDH va más allá cuando emite medidas provisionales, pues estas se apegan al estándar de “otorgar el amparo de protección y la prevención frente a la ocurrencia de un posible daño irreparable, está principalmente vinculado con los derechos a la vida y a la integridad personal”, explica el estudio jurídico del sobre el sistema interamericano.
Human Rights Watch (HRW) exhortó esta semana al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que aplique el Articulo 99 de la Carta de las Naciones que le faculta para elevar el tema de la crisis de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, por la amenaza que representa Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo para la estabilidad de la región.
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