La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó de "muy grave" la destitución de los 5 jueces de la Corte Constitucional de El Salvador y del fiscal general de la república orquestada por la nueva Asamblea Legislativa, fiel al presidente Nayib Bukele.
“La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. El debilitamiento de este importante sistema de pesos y contrapesos conduce a la erosión de los pilares del estado de derecho y, por tanto, del sistema democrático de un país”, dijo Bachelet, en concordancia con la postura del secretario general, António Guterres, emitida el lunes desde Nueva York.
La alta funcionaria de la ONU emitió su postura desde Ginebra, Suiza, y en ella advierte que tales hechos socavan gravemente el Estado de derecho en el país centroamericano, más tarde el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja en Washington también expresó su condena.
La expresidenta de Chile cuestiona que los funcionarios judiciales y el fiscal general fueran reemplazados en cuestión de horas, al margen de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
"Los jueces pueden ser destituidos solo por motivos graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con los procedimientos justos que garanticen la objetividad e imparcialidad establecidos en la constitución o la ley” acotó Bachelet, al referir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.
Asimismo, lamentó que “lo que vemos en El Salvador es la profundización de una tendencia alarmante hacia la concentración de poder. Recuerdo a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, para restaurar el estado de derecho y la separación de poderes”.
La destitución fuera del debido proceso de los 5 titulares de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de los 4 suplentes y el fiscal general ha generado, acciones de rechazo por parte de numerosas instancias nacionales e internacionales.
Desde la consumación de los hechos entre la noche del sábado y madrugada de domingo por parte de la nueva Asamblea Legislativa controlada por el presidente Nayib Bukele, las condenas han surgido con efecto de cascada.
El Poder Legislativo de EE. UU. también se pronuncia
Al mediodía de este martes el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del legislativo federal en Washington también sentó postura sobre la grave situación de El Salvador y exigió a Bukele dar marcha atrás al “golpe brutal” contra la democracia salvadoreña.
“El sábado por la noche, el presidente Nayib Bukele asestó un golpe brutal a la democracia de El Salvador. En interés de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador lo instamos a revertir el rumbo, restaurar el orden constitucional y perseguir una agenda de gobierno inclusiva y democrática”, dijo el Comité a través de la red social Twitter.
También el congresista Albio Sires, miembro del Comité de Presupuestos y del Subcomité de Relaciones para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja, dijo este día que Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones y al sector judicial salvadoreño.
"Estados Unidos también debe revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la policía nacional que orquestaron los eventos del sábado por la noche”, agregó el legislador.
En la misma línea los senadores republicanos; Marco Rubio, del Comité de Inteligencia del Senado, con sus colegas James Risch, del Comité de Relaciones Exteriores, y Michael McCaul, del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, advirtieron en conjunto que las acciones de la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, ponen en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos.
“La administración Biden debe involucrar a todos los actores políticos en El Salvador para tener un diálogo productivo que fortalezca las instituciones democráticas de la nación y una gobernabilidad transparente”, pidieron respectivamente los legisladores republicanos.
El Salvador inició un proceso de democratización en la década de 1980 que fue madurando con la consolidación de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 para poner fin a la guerra civil que destruyó el país entre 1980 y 1982 dejando más de 80.000 muertos.
La democratización del país avanzó con la alternancia pacífica del poder del partido de derecha ARENA, que tuvo el ejecutivo durante 20 años, al FMLN surgida de la insurgente guerrilla que se mantuvo en el poder una década; a los que el presidente Bukele, quien llegó al poder en 2019, califica de “dictadura de 30 años” para alentar el apoyo de sus seguidores.
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