Un anteproyecto de ley que había sido presentado a la Asamblea Legislativa de El Salvador por varias instituciones y organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad en el 2015, fue aprobado con 72 votos a inicios de esta semana: la Ley de Inclusión Social para Personas con Discapacidad.
Llega tras dos décadas de reclamos sociales, de parte de grupos que han solicitado desde entonces políticas y recursos económicos para favorecer la inclusión de este sector de la población.
Su formulación tiene como base la Constitución de la República de El Salvador y el Convenio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entre los beneficios para la persona con discapacidad que contempla la normativa está que toda institución pública y privada tiene por obligación que contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio.
![Imagen de un monitor de la Asamblea Legislativa de El Salvador donde se ve los votos a favor de la Ley de Inclusión Social para Personas con Discapacidad . [Foto: Cortesía Asamblea Legislativa]](https://gdb.voanews.com/45603120-b709-4f1e-b08e-24cd80bd002d_w250_r0.png)
Además, esta ley dejaría sin efecto a la normativa de Equiparación de Oportunidades, la cual según las valoraciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS) estaba obsoleta.
De acuerdo con el diputado salvadoreño David Reyes, uno de los legisladores defensores de la iniciativa, la normativa anterior está en vigor desde hace dos décadas. Explicó que 5 años atrás se presentó el anteproyecto de una legislación acorde a la realidad, pero no fue sino hasta este 2020 que la ley se hizo una realidad.
“Después de 20 años, se moderniza la normativa en materia de discapacidad, creando una nueva ley en sintonía con la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado Salvadoreño desde el año 2007”, explica el parlamentario.
Reyes citó en un comunicado oficial que para el estudio y aprobación de la ley fueron consultadas entes de gobierno, alcaldías y las asociaciones de personas con discapacidad. También contó con la participación de la empresa privada y miembros de la sociedad civil, “logrando un cuerpo normativo integral y realizable”, expresó Reyes.
Silvia Mejía, de la Asociación de Personas con discapacidad de San Salvador, conversó con la Voz de América sobre el significado que tiene la aprobación, ya que según ella “es una deuda” de los legisladores y de la sociedad salvadoreña con este sector de la población.
“Esperamos que sí se le dé cumplimiento y que tanto las instituciones gubernamentales como no gubernamentales puedan de verdad tomar en cuenta al sector de personas con discapacidad”, explicó Mejía, para quien lo más importante de la ley es que tengan acceso a educación, salud y trabajo estos sectores que históricamente han sido invisibilizados al no permitirles que participen activamente en la sociedad, incluyendo la negativa hasta ahora de adaptar condiciones tanto físicas como en su normativa para facilitar la vida a estas personas.
Los datos más recientes sobre la cifra de personas con alguna discapacidad que viven en El Salvador datan de 2015, cuando el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con discapacidad (CONAIPD), en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron una encuesta nacional. Los datos señalaron que la tasa de prevalencia a esa fecha de personas con discapacidad era del 6.4% del total de la población - que para entonces era de 6 millones 460.336- indicando que 410,798 personas tienen algún tipo de discapacidad y se encuentran en edades de 25 a 65 años.
Mejía indicó además que uno de los primeros pasos necesarios es que se comience a definir cuáles serán las instituciones que velen porque la ley se cumpla, de no definirse se volverá al mismo ciclo donde sus derechos siguen vulnerados en un país que les resulta hostil tanto en infraestructura como en su legislación. Uno de los primeros pasos, a su criterio, es una actualización del censo sobre cuántas personas con discapacidad hay en el país.
No todos avalan la ley
De acuerdo con la ley recién aprobada, las Instituciones públicas y gobiernos locales por obligación tendrán que asignar una partida presupuestaria para desarrollar proyectos y programas para las personas con discapacidad.
Carlos Eguizábal, también miembro de la Asociación de personas con Discapacidad, opina que este es uno de los vacíos más evidentes y principal obstáculo para que lo aprobado se cumpla, ya que es evidente “la falta de presupuesto. No menciona un número establecido”.
Eguizábal dijo a VOA que la ley aprobada difiere mucho de lo que originalmente presentaron las organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad, quienes habían propuesto “el 5% del presupuesto del gobierno para financiar obras sociales en beneficio de las personas con discapacidad […] también cree que uno de los errores es haberle quitado la potestad al Ministerio de Trabajo para sancionar a las empresas o instituciones que no cumplan con la ley.
La legislación que también contempla el acceso a créditos, seguros médicos y transporte público accesible aún tiene pendiente la aprobación del presidente de la Republica, Nayib Bukele, quien aún no se ha pronunciado sobre el tema.
